Aulas del terror
Aulas del terror
Más de 4000 niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual en las escuelas de Ecuador en los últimos seis años, una tragedia que crece ante la complicidad del sistema educativo, la falta de Justicia y la inacción de los gobiernos.
Más de 2000 profesores, los encargados de educar a los niños, son acusados en la actualidad de haber cometido abusos en las aulas. La Justicia se convierte en un laberinto de burocracia que demora las investigaciones: sólo el tres por ciento de estos abusos llega a judicializarse y menos aún tiene sentencia.
El Estado ha sido ineficaz para frenar y prevenir esta otra pandemia.
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Escuelas y silencio
Era miércoles. Julia alistó el desayuno para su hija menor, Dame. La peinó, revisó que su uniforme escolar esté limpio y planchado, le dio la bendición y la vio partir a su escuela en el cantón La Maná, en la sierra ecuatoriana. En la tarde, al volver de su escuela, Dame entró a su casa completamente cambiada. “Se sentó en el mueble y me dijo: ‘mami, algo malo me pasó, el profesor me hizo algo malo’.
Hoy Dame toma pastillas para la ansiedad y la depresión. Sin ellas no duerme, y si duerme, sufre de pesadillas con él. Tiene 15 años, hace seis fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.
Dame es apenas una de las 4066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación. Tras el abuso, las víctimas han sido testigos del encubrimiento de sus agresores por parte de autoridades educativas y la desatención del Estado. Las niñas, niños y adolescentes, además, sufren los problemas del sistema de justicia para resolver estos casos: revictimización, lentitud en los procesos y poca efectividad para condenar a los abusadores.
Un total de 1.983 docentes, aquellas personas encargadas de educar y cuidar a los alumnos, son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por GK y Connectas revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucra a profesores siguen todavía impunes.
La Maná, ubicado en el centro de Ecuador, es uno de los pueblos con las tasas más altas de denuncias de abuso sexual en centros educativos: se registraron 119 casos en los últimos cinco años. En ese lugar, Carlos N. era profesor de Dame y de otras siete de sus compañeras. Según denuncias presentadas por la psicóloga del centro educativo y recogidas por la Fiscalía General del Estado, Carlos habría abusado sexualmente de las ocho cuando ellas tenían entre 9 y 10 años de edad.
El profesor obligaba a las niñas que le retiren un palillo de dientes de la boca sin usar las manos, las hacía bailar pegadas la espalda a la pared exigiendo “movimientos sexis”, les insinuaba actos sexuales, se paseaba semidesnudo por el aula y, en más de una ocasión, tocó las partes íntimas de al menos tres de sus alumnas según un informe elaborado por Digna Basurto Saltos, psicóloga de la escuela. El docente lo niega todo, pero en dos ocasiones los juzgados han fallado en su contra.
Aunque no fue su caso, dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional (congreso) del Ecuador, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del Ecuador para fiscalizar lo que estaba sucediendo a nivel nacional y determinó que, en todos los casos analizados, las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.
La Contraloría General del Estado detectó –sobre una muestra de 1.182 casos- que menos de la mitad terminaron en la destitución de los presuntos abusadores, los demás prescribieron, se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, la reubicación de los docentes o una simple amonestación verbal. Un total de 539 llegaron a la Fiscalía. Sólo 16 terminaron en una sentencia judicial.
Los protocolos del Ministerio de Educación señalan que la separación del docente debe ser inmediata para proteger los derechos de los niños y adolescentes, su restitución solo puede darse por orden judicial o acción administrativa, algo que no ocurrió en los casos revisados por la Contraloría.
En Cuenca, la tercera ciudad en importancia de Ecuador, las autoridades de un colegio público ocultaron durante un año denuncias de violación de una alumna. La madre de la menor siguió un proceso en la Fiscalía y acusó a las autoridades del colegio de omisiones graves. El excoordinador de Educación en Cuenca, Henry Calle, relata que durante su administración tuvo que separar a rectores y directoras distritales que habían ocultado un “número indeterminado” de casos de abuso sexual.
Un informe de la Comisión Aampetra señala que las instituciones educativas no contribuyeron para la investigación de estos hechos y, una vez dictada la sentencia, aplicaron maniobras dilatorias para retardar su ejecución. Añade que, de las 42 denuncias revisadas por la comisión, en ninguna se establecieron medidas de protección inmediatas en favor de las víctimas por parte de rectores o autoridades de los colegios.
La práctica se repite en distintos lugares del país. En Guayaquil, por ejemplo, la Fiscalía aún mantiene un proceso judicial abierto por denuncias de abuso sexual registradas el 2017 en el colegio Aguirre Abad. Según las autoridades judiciales, el número de víctimas en este caso es incalculable.
Cuando la Fiscalía y la Policía llegaron al centro educativo para detener a uno de los abusadores, la entonces rectora habría dado la orden de mantener cerradas las puertas del plantel comenta el fiscal César Peña, quien llevó parte de las diligencias del caso y tuvo que saltar un muro acompañado por agentes de Policía para intentar capturar al sospechoso. Cuando lograron entrar, el profesor había huido.
La exrectora del colegio no se refirió al hecho puntual, pero durante su comparecencia ante la Fiscalía aseguró que había notificado de las denuncias de abuso sexual al Distrito de Educación y que prestó ayuda a los padres de familia denunciantes.
En Quito, en el distrito Norte, la Fiscalía recibió la denuncia en octubre de 2017 del departamento de psicología de la escuela intercultural Mushuk Pacari. A través de cartas anónimas, los estudiantes dieron a conocer 84 casos de abuso sexual presuntamente cometidos por un mismo docente.
El rector, vicerrector y tres profesores más que en ese entonces formaban parte de la escuela están investigados por presunta complicidad. A pesar de que -según la Fiscalía- tenían conocimiento de las denuncias, tardaron 6 meses en llevarlas a la Policía. Él único en pronunciarse fue el rector del establecimiento y pidió que no se lo inmiscuya en las denuncias. Los demás, que guardaron silencio, han sido destituidos.
La Contraloría realizó un informe en enero del 2020 que indica que, al sur de Quito, las autoridades de educación archivaron sin justificación el 24 por ciento de las denuncias por abuso sexual de docentes, esto entre 2015 y 2018. El distrito de Educación de esta zona justificó las omisiones por “acumulación de trabajo, vacaciones de los abogados y cambios consecutivos de funcionarios”.
Carlos, el profesor acusado de abusar sexualmente de Dame, aún camina libre por las calles de La Maná. Ella aún sueña que la persigue, se refugia en el silencio de su habitación, en sus pastillas para dormir, en las visitas a la psicóloga y en la lucha de su madre, que pide justicia sin encontrarla.
Justicia que tarda
“¿Qué hicimos mal?”, pregunta Fabián Salguero, padre de un niño de siete años. Una mañana su hijo llegó a casa con sangre en su ropa interior, así como lo que parecía restos de esperma, el menor de edad solo alcanzó a nombrar a su docente “Luis”. Sus padres acudieron de inmediato a la Fiscalía.
En las oficinas del despacho fiscal tardaron diez horas en atenderlos. Los servidores públicos indicaron que era necesario que un perito revise las huellas de violencia que presentaba el niño, quien había sufrido un desgarro de dos centímetros en su pene debido a una masturbación forzada. “Se retorcía de dolor”, recuerda Fabián.
Su hijo no solo fue víctima de abuso sexual sino también de un sistema judicial que revictimiza y que es poco eficaz para condenar a los abusadores sexuales de los centros educativos. Han pasado tres años desde que el menor fue víctima de su profesor, el acusado aprovechó los dos meses que tardó la Fiscalía en acusarlo para huir.
Solo el tres por ciento de los casos de abuso sexual escolar llegan a la etapa de juicio según cifras de la Fiscalía General del Estado. El número de condenas es aún menor: El organismo judicial informó, hasta el cierre de esta investigación, sobre 39 sentencias condenatorias en firme, esto es un 1,13 por ciento de las denuncias recogidas por el Ministerio de Educación. Esos pocos procesos, además, pueden demorar hasta nueve años en resolverse, según datos de Human Rights Watch.
Entre las razones para que esto pase está la falta de presupuesto atraviesa casi todos los sectores. La cantidad de casos que reciben desborda su capacidad operativa. Algo similar sucede con los peritos. Tanto en el caso de Dame como en el del hijo de Fabián, la falta de expertos provocó retrasos en la investigación. Al hijo de Fabián no se le pudo practicar la prueba de esperma por falta de reactivos; a Dame no se le hizo un análisis psicológico de entorno familiar, social y económico de la víctima, indispensable para seguir con el juicio.
Otra falencia de la Fiscalía es el déficit de cámaras de Gessel, cuartos separados con vidrios traslucidos para receptar los testimonios de los menores sin que se sientan observados por sus padres, servidores judiciales y abusadores. En Ecuador solo hay 29 cámaras de Gessel, nueve de ellas averiadas según datos de la Fiscalía, y no hay presupuesto para repararlas, mucho menos para instalar más. La cifra es insuficiente para las 10.523 víctimas reconocidas por el Ministerio de Educación dentro y fuera de las escuelas.
La falta de capacitación del personal del sistema judicial es otro de los motivos que justifica la falta de justicia. Solo 74 de los 840 fiscales del país, es decir, menos del diez por ciento está capacitado para tratar temas de abuso sexual de menores, esto según datos de la Fiscalía General del Estado.
La legislación ecuatoriana dicta que los niños víctimas de abuso sexual deben declarar una sola vez y esa versión debe ser tomada como válida y definitiva, pero esto no siempre sucede precisamente por la falta de preparación de los fiscales, el cambio o ausencia de peritos y el déficit de cámaras de Gessel.
Julia no recuerda las veces que ha tenido que llevar a su hija a un juzgado para que una y otra vez repita y reviva el abuso sexual que vivió en su escuela. En todas las ocasiones, tras recrear lo sucedido, Dame llora, se reprime y se encierra en su cuarto durante días.
El hijo de Fabián fue diagnosticado con depresión infantil, una condición que le hace perder el habla y quedarse rígido y sin reacción cuando se toca el tema de abuso sexual, pese a esta condición, la Fiscalía insiste en que el niño rinda una versión ampliada de los hechos, ya que en la primera audiencia no pudo llegar a detallar las acciones de las que fue víctima.
Un informe de Human Rights Watch da cuenta de que la revictimización en los casos de abuso sexual en el sistema educativo de Ecuador provoca que “los niños, niñas, y adolescentes sobrevivientes vivan con profundas secuelas psicológicas que muchos tuvieron que afrontar sin ningún tipo de apoyo profesional”.
Ecuador contaba en 2018 con 48 especialistas en psicología para recibir testimonios y brindar apoyo a las víctimas, esto según datos de la Fiscalía General, pero para atender la demanda de denuncias se requieren 136 de estos funcionarios, casi el triple.
Ante las trabas del sistema judicial, plagado de deficiencias para receptar y procesar las denuncias de abuso en las escuelas del país, tanto Julia como Fabián decidieron contratar abogados externos a pesar de que la Fiscalía debe ofrecer su asistencia gratuita y eficaz. La asistencia legal en un juicio penal en el Ecuador puede costar entre 800 y 2.000 dólares en promedio, dinero con el que no cuentan todas las familias de las víctimas. Esa condición económica, además, puede ser usada por los abusadores para comprar conciencias.
Henry Calle, excoordinador (jefe) zonal del Ministerio de Educación, comenta que conoció acuerdos de reparación económica extra judiciales entre los abusadores y los familiares de las víctimas para que se retiren las demandas.
Amhy, una compañera de aula de Dame, declaró ante la Fiscalía que el profesor acusado tocó sus partes íntimas en más de una ocasión y que, tras pedir disculpas a su familia por lo sucedido, se acercó a su madre y le ofreció dinero a cambio de que retire la demanda. La familia de Amhy inició su propio proceso judicial antes del hecho narrado por la menor –según consta en el expediente de la Fiscalía- pero en la actualidad el juicio está abandonado.
Las madres de otras dos denunciantes del caso Dame también levantaron sus denuncias contra el docente. Así consta en las actas firmadas por Blanca Ch. y Diana N. ante la Notaría de la Maná que forman parte del proceso judicial. El abogado de Julia asegura que este tipo de actas se firman a cambio de dinero, pero los abogados del profesor acusado niegan que haya existido un arreglo económico.
La falta de condenas u otras medidas restrictivas del sistema penal para sentenciar a los acusadores ponen en riesgo a las víctimas. Hace dos años, el abusador de Dame llegó al centro educativo, entró hasta el patio en la hora del recreo y miró fijamente a la menor de edad. La niña se refugió en un aula con sus compañeras y pidió ayuda a gritos. Carlos, sobre quien pesa una orden de alejamiento, salió del lugar escoltado por otros profesores a quienes dijo que solo estaba de visita.
Juana Fernández, experta de la Fiscalía, señala que la institución combate estos problemas a través de la capacitación de sus funcionarios, que es constante y progresiva, y que a su criterio ha dado buenos resultados. Hace un mes, la Fiscalía anunció la compra e instalación de dos nuevas cámaras de Gessel en el país, y la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, insistió al Ministerio de Finanzas sobre la necesidad de contratar más personal. Se requieren al menos 540 investigadores adicionales de forma urgente, sostiene, pero las soluciones llegan a cuentagotas.
El Estado como responsable
Bolívar Espín Zurita, el vicerrector del colegio público Miguel Martínez de Guayaquil, acosó durante un año a una alumna de 14 años para abusar sexualmente de ella. Desde el 2002 empezó a violarla. La violencia duró más de un año hasta que ella quedó embarazada.
Según las cifras del Ministerio de Educación, un 2,4 por ciento de las estudiantes violadas en centros educativas sufren un embarazo a consecuencia de este delito. Hay 255 denuncias que terminaron en el embarazo de una adolescente.
Raúl Ortega Gálvez, médico del centro educativo, en complicidad con el violador, practicó un aborto a la adolescente, pero antes también intentó abusar sexualmente de ella, según reconstruyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sufrimiento de la víctima la llevó a suicidarse dentro de su colegio en el 2003. Su madre emprendió acciones legales, pero estas prescribieron sin que, hasta hoy, los abusadores de Paola hayan pagado por lo que hicieron.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró el pasado agosto que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación de Paola Guzmán. Tras la muerte de la adolescente, 4.066 estudiantes víctimas de violencia sexual en sus colegios y escuelas presentaron denuncias en contra de sus abusadores.
El caso de Paola ha animado a las víctimas a hacer las denuncias, pero el Estado, lejos de dar respuesta, acumula más y más casos. Los funcionarios públicos son apuntados por falta de voluntad política para resolver el problema, acusados de asignar poco presupuesto para revertir la situación y hasta señalados por complicidad ejercida desde el Estado.
El Ministerio de Educación del Ecuador emitió en 2011 la orden de contar con un plan de erradicación de la violencia sexual en los centros educativos, pero este nunca se implementó según un informe de la Contraloría General del Estado, hecho sobre los períodos presidenciales de Rafael Correa y Lenin Moreno.
Según el informe, la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación contrató una firma consultora para que elabore el plan que costó 39.200 dólares. María Fernanda Porras, directora nacional de Educación para la Democracia en el 2011, indicó que, a pesar de existir este documento, no se recibió una orden superior para ejecutarlo y fue archivado.
El entonces Ministro de Educación, Augusto Espinoza, señaló que el plan sí se implementó mediante actividades como talleres y cursos, pero la Contraloría determinó que las capacitaciones no se llevaron a cabo desde el 2011, cuando se emitió la orden de implementar el plan, sino desde el 2018 cuando se empezaron a hacer públicos los casos de abuso, y no se ajustaron a lo recomendado por la consultoría.
Esa no es la única omisión ya que, según la Contraloría, un número indeterminado de procesos desaparecieron de los archivos del Ministerio de Educación por negligencia. No hay rastro de denuncias de abusos sexuales recibidos por los colegios o escuelas entre el 2011 y el 2014, no porque no hayan existido, sino porque cualquier evidencia documental para su seguimiento se esfumó, informó el ente de control.
El entonces ministro de Educación, Augusto Espinoza, era el encargado de disponer que esa evidencia sea remitida a las autoridades, pero no hay evidencia de que haya cumplido con sus funciones, según la Contraloría.
La Asamblea Nacional, con el apoyo de 47 de los 137 legisladores nacionales pidió en el 2017 un juicio político contra Espinoza, quien para entonces había sido elegido como diputado. El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), conformado por cinco miembros de la bancada del exministro y dos de oposición, rechazó la moción.
Espinoza se defendió: “Esta lacerante problemática estructural ha sido perversamente usada con intereses político-electorales y para la siembra de odio”, dijo en un comunicado. Ante las consultas por los informes de Contraloría, se negó a dar una entrevista para esta investigación: “Me temo que dada la coyuntura política afloren nuevamente protervos intereses que pretendan manipular la información y jugando con el dolor ajeno intenten sacar algún rédito”, comunicó.
A la falta de ejecución de un plan se suma la falta de presupuesto en la Función Judicial. A pesar de la escalada de denuncias por abuso sexual escolar, la justicia ahora cuenta con menos presupuesto. Tanto Human Rights Watch, como la Comisión Aampetra señalan la falta de inversión gubernamental como otra de las faltas de responsabilidades del Estado en este asunto.
La viceministra de Educación, Soledad Vela, afirma que en el último año el presupuesto destinado a este fin se incrementó, pero datos del Ministerio de Finanzas dan cuenta que el presupuesto para prevenir y erradicar la Violencia de Género se redujo de 5,4 millones de dólares a apenas 876.862 dólares.
Las cifras no cuadran porque según Vela el Ministerio de Educación tiene su propio presupuesto para la erradicación de la violencia sexual y este se ha ido incrementando anualmente, entre 2019 y 2020 pasó de 2 millones de dólares a 2,1 millones de dólares.
Vela se refiere al proyecto denominado ‘Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en el Sistema Nacional de Educación’ que se empezó a aplicar en febrero del 2019 y que debe ser revisado por el nuevo gobierno en mayo de este año. La meta al 2022 es reducir los índices de violencia en un 0,2 por ciento.
Human Rights Watch asegura que esos 2,1 millones de dólares se redistribuyen de manera interna para suplir las necesidades que deja la desinversión nacional en prevención de este tipo de delitos, por lo que es insuficiente.
La señal más visible del poco presupuesto que el Gobierno ecuatoriano destina a prevenir los delitos sexuales en las escuelas es la falta de Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), encargados de recibir y encausar las denuncias. El Ministerio de Educación calculó que se requieren 7.446 de estas unidades de atención para recibir las denuncias de las víctimas, pero hay apenas 3.460, es decir, menos de la mitad.
La viceministra Vela reconoce que hay menos DECE que los necesarios, pero, a su criterio, esto no impide la lucha contra el abuso sexual en el Ecuador. “No siempre es el profesional del DECE el que recibe la denuncia, son en gran medida los familiares o los propios docentes”, afirma.
En el caso de Dame, antes de que el DECE de La Maná actuara , el profesor hizo que sus alumnos llenaran encuestas en su presencia en las que lo evaluaban. En todos los casos los niños hablaron bien de él. Pero cuando los técnicos del DECE aplicaron las mismas encuestas sin la presencia del docente, descubrieron los indicios de los abusos sexuales. Por eso, la madre de Dame, Julia, difiere con el criterio de Vela.
También difiere con la pena que el abusador de su hija estaría condenado a pagar si la Corte Nacional de Justicia ratifica las sentencias previas en su contra: entre tres y cinco años de cárcel. Pagada esa condena, el docente no podrá ejercer ningún cargo público por lo que no volverá a dictar clases en la escuela de Dame ya que pertenece al sector fiscal. Sin embargo, nada impide que pueda ser contratado en un colegio privado.
Lourdes Cuesta, legisladora y parte de la Comisión Aampetra, apunta al Ejecutivo como cómplice de posibles reincidencias en casos de abuso sexual. De 448 casos revisados por la Contraloría, el 13 por ciento de los docentes denunciados por abuso sexual regresaron a las aulas.
La legisladora planteó un proyecto en la Asamblea Nacional para el registro de violadores de niños y adolescentes en las escuelas y colegios denominado Ley Reevas. Pero la iniciativa fue vetada por el presidente de la República, Lenin Moreno, quien consideró inconstitucional negar un trabajo a los docentes que han pagado su pena.
La impunidad incluso es premiada por el Estado en el caso del médico que asistió el aborto de Paola Guzmán y que intentó abusar sexualmente de ella. Nunca fue procesado ya que la denuncia en su contra prescribió y hoy trabaja como parte del personal de salud de un hospital público del Ecuador.
La Corte IDH dio al país un año de plazo, a partir de agosto del 2020, para que se tomen medidas adicionales para la detección de casos de violencia sexual, su prevención y atención a las víctimas. Mientras corre el tiempo Julia, Dame, Fabián, su hijo, la mamá de Paola y las familias de las 4.066 víctimas de abuso sexual en las escuelas ecuatorianas siguen esperando por justicia.
Human Rights Watch asegura que esos 2,1 millones de dólares se redistribuyen de manera interna para suplir las necesidades que deja la desinversión nacional en prevención de este tipo de delitos, por lo que es insuficiente.
La señal más visible del poco presupuesto que el Gobierno ecuatoriano destina a prevenir los delitos sexuales en las escuelas es la falta de Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), encargados de recibir y encausar las denuncias. El Ministerio de Educación calculó que se requieren 7.446 de estas unidades de atención para recibir las denuncias de las víctimas, pero hay apenas 3.460, es decir, menos de la mitad.
La viceministra Vela reconoce que hay menos DECE que los necesarios, pero, a su criterio, esto no impide la lucha contra el abuso sexual en el Ecuador. “No siempre es el profesional del DECE el que recibe la denuncia, son en gran medida los familiares o los propios docentes”, afirma.
En el caso de Dame, antes de que el DECE de La Maná actuara , el profesor hizo que sus alumnos llenaran encuestas en su presencia en las que lo evaluaban. En todos los casos los niños hablaron bien de él. Pero cuando los técnicos del DECE aplicaron las mismas encuestas sin la presencia del docente, descubrieron los indicios de los abusos sexuales. Por eso, la madre de Dame, Julia, difiere con el criterio de Vela.
También difiere con la pena que el abusador de su hija estaría condenado a pagar si la Corte Nacional de Justicia ratifica las sentencias previas en su contra: entre tres y cinco años de cárcel. Pagada esa condena, el docente no podrá ejercer ningún cargo público por lo que no volverá a dictar clases en la escuela de Dame ya que pertenece al sector fiscal. Sin embargo, nada impide que pueda ser contratado en un colegio privado.
Lourdes Cuesta, legisladora y parte de la Comisión Aampetra, apunta al Ejecutivo como cómplice de posibles reincidencias en casos de abuso sexual. De 448 casos revisados por la Contraloría, el 13 por ciento de los docentes denunciados por abuso sexual regresaron a las aulas.
La legisladora planteó un proyecto en la Asamblea Nacional para el registro de violadores de niños y adolescentes en las escuelas y colegios denominado Ley Reevas. Pero la iniciativa fue vetada por el presidente de la República, Lenin Moreno, quien consideró inconstitucional negar un trabajo a los docentes que han pagado su pena.
La impunidad incluso es premiada por el Estado en el caso del médico que asistió el aborto de Paola Guzmán y que intentó abusar sexualmente de ella. Nunca fue procesado ya que la denuncia en su contra prescribió y hoy trabaja como parte del personal de salud de un hospital público del Ecuador.
La Corte IDH dio al país un año de plazo, a partir de agosto del 2020, para que se tomen medidas adicionales para la detección de casos de violencia sexual, su prevención y atención a las víctimas. Mientras corre el tiempo Julia, Dame, Fabián, su hijo, la mamá de Paola y las familias de las 4.066 víctimas de abuso sexual en las escuelas ecuatorianas siguen esperando por justicia.
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Investigación
John Machado y Andrea Salazar
Ilustraciones
Hersse Sánchez
Edición, apoyo multimedia y gráficos
Equipo CONNECTAS
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