Aborto sí, aborto no; una perspectiva comparada de los países latinoamericanos

Autor: Julián Estrella López

La reducción de la mortalidad materna es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados hasta el 2030. Es una meta que todos los estados miembros de la Organización de las Naciones  Unidas, incluyendo Ecuador, deben implementar.

Según el último dato de la  Organización Mundial de la Salud (2017),  aproximadamente 830 mujeres mueren cada día por causas prevenibles que tienen relación con el embarazo y el parto; el 99% de estas muertes se dan en países pobres. A su vez, de estas muertes, el 13% se deben a abortos realizados en condiciones peligrosas (OMS, 2017). En este sentido, las metas planteadas en la Agenda 2030 son:  “para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidas/os vivos” y “garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”.

En América Latina, la tasa es de 77 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, y de 190 en el Caribe (OPS, 2016). El 10% de estas muertes se debe a abortos peligrosos, lo que equivale a 9,000 muertes al año, de un total de 760,000 mujeres que sufren complicaciones de esta índole  (Guttmacher Institute, 2017), sin contar la tasa de morbilidad.

Como se observa en la Tabla 1, las tasas de mortalidad son mayores en Honduras, Bolivia, Panamá, Perú y México, mientras que la tasa de abortos es mayor en Perú, Argentina, República Dominicana y El Salvador. Por otra parte, las tasas de embarazo adolescente, planificación familiar deficiente y tasa de fecundidad son mayores en países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua, Panamá; Ecuador y Bolivia, en Sudamérica y República Dominicana, en el Caribe. No se presentan datos generales de Latinoamérica, por depender de la población de cada país, sin embargo, se tiene la tasa de 77 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, y de 3,6 millones de interrupciones del embarazo inducidas anuales (Guttmacher Institute, 2017).

Marco jurídico relativo al aborto en Latinoamérica

Pese a ser un problema de salud pública, contemplado como tal en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco de la Agenda 2030 (CEPAL, 2017), aún se estima que más del 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países que tienen altas restricciones legales para realizarse abortos (Guttmacher Institute, 2017). De los seis países en el mundo en que el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia, cuatro están en la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana -los otros dos son Ciudad del Vaticano y Malta- (BBC, 2017). A su vez, como se muestra en la Tabla 2, la mayoría de países aún penalizan el aborto en casos de factores socio económicos, malformación fetal y violación, mientras los casos en que más comúnmente está permitido son los de riesgo de salud y vida de la madre.

Para facilitar el análisis comparado, la Tabla 3 muestra una valoración de las condiciones en que se permite realizar abortos. Como se observa, se ha incorporado un factor de rigidez judicial, dado que, aun cuando algunos países permiten su realización en ciertas circunstancias, lo normal es que la comprobación de estas conlleve procesos dificultosos tanto burocráticos como médicos y legales. Con esta consideración, los países mejor puntuados son Cuba y Uruguay, sumándose a ellos la Ciudad de México (CDMX), siendo los únicos en que los abortos se realizan por simple petición. Les siguen Colombia, Panamá, Argentina, Brasil y Chile, mientras que el resto de países no logra llegar a la mitad de la puntuación.

Es importante considerar que la apertura del derecho a realizarse abortos ha conllevado diferentes procesos sociales y políticos en cada país. La Tabla 4 muestra los períodos de tiempo o años en que cada uno de ellos avanzó o retrocedió en la ampliación de causas de despenalización, por lo general a través de reformas en sus códigos penales. Los primeros países en considerar como causas no punibles el riesgo de muerte y la salud física y mental de las mujeres, fueron Argentina, Brasil, Chile y Perú, en los periodos anteriores al quiebre de las democracias. Luego, en 1965, Cuba fue el primer país en despenalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, mientras Costa Rica consideraba como no punibles los abortos terapéuticos (por motivos de salud), y Ecuador, Bolivia y El Salvador, además, los que eran a causa de violación -en Ecuador, solo si la violación era a mujeres “idiotas o dementes”.

En el retorno a la democracia, Panamá aprobó la realización de abortos salvo en los casos socioeconómicos y de salud mental, Guatemala únicamente en los de riesgo de muerte de la madre, mientras que Chile retrocedió, penalizando todos los casos, en el gobierno de la Concertación de Fuerzas Populares. Recién en el nuevo siglo otros países despenalizaron el aborto en ciertas circunstancias. Colombia en todas, salvo las de carácter socioeconómico, y la Ciudad de México en todas. Durante este periodo, entre 2000 y 2010, los países en que los gobiernos se definieron como “socialistas del siglo XXI”, a saber, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, las leyes se mantuvieron o retrocedieron. En los dos primeros se ratificaron las causales de penalización, en 2005 y 2007, respectivamente, en Nicaragua se penalizaron todos los casos (2007), y en Bolivia no hubo ratificación expresa, pero se mantuvieron.  Finalmente, recién en la última década se ha visto cierto avance: en Uruguay se despenalizó el aborto en cualquier circunstancia en 2012, luego de que en 2008 el presidente Tabaré Vásquez vetara una ley del parlamento, en 2012 Argentina consideró como no punible la violación, en 2016 Brasil también amplió las causas, y en 2017 Chile despenalizó el aborto por motivo de riesgo, malformación y violación. En el caso de los otros países, Honduras nunca llegó a despenalizarlo y Paraguay ha mantenido como única causa no punible el riesgo de muerte.

La despenalización, mucho más que una cuestión legal

Con la evidencia de que la despenalización no ha dependido históricamente de la orientación ideológica de los diferentes gobiernos ¿por qué en algunos se ha logrado despenalizar y en otros no? La Tabla 5 puede ayudarnos a comprender de mejor forma esta situación.

Percepción condición económica. Ámbito: Social económico. Valores: Más de la media = 1. Menos de la media = 0. Fuente: Latinobarómetro, 2015.
Índice Libertades Civiles e Índice Derechos Políticos. Ámbito: Sistema político. Valores: Más de la media = 1. Menos de la media = 0. Fuente: CEPALSTAT, CEPAL, 2016b, datos de Freedomhouse, 2003-2013.
Acceso a internet. Ámbito: Social económico. Valores: Más de la media = 1. Menos de la media = 0. Fuente: Latinobarómetro, 2015.
Percepción de justificación del aborto. Ámbito: Cultural. Valores: Más de la media = 1. Menos de la media = 0. Fuente: Latinobarómetro, 2015.
Compromiso religioso (qué tan practicante es la población). Ámbito: Cultural. Valores: Más de 60% = 0. Menos de 60% = 1. Fuente: Latinobarómetro, 2015.
Religión evangélica (población identificada). Ámbito: Cultural. Valores: Más de 25% = 0. Menos de 25% = 1. Fuente: Latinobarómetro, 2015.
Religiones católica y evangélica (población identificada). Ámbito: Cultural. Valores: Más de la media (85%) = 0. Menos de la media (85%) = 1. Fuente: Latinobarómetro, 2015. ** Sin datos para Cuba.

 

Se eligieron ocho variables para el análisis; dentro del ámbito socio económico, la percepción de la condición económica y el acceso a internet, del sistema político, los índices de libertades civiles y derechos políticos, y del ámbito cultural, la percepción de la población acerca de la justificación del aborto, el porcentaje de población católica y evangélica, de la evangélica únicamente y el compromiso religioso; con las siguientes conclusiones:

• Las tres variables relativas a la religión muestran que la institución eclesiástica sigue teniendo influencia en la sociedad y en las decisiones políticas, pues aun cuando todos los países, salvo Costa Rica, son laicos, aquellos donde existe menos población que se identifica como religiosa y practicante tienden a tener mayor apertura hacia la despenalización, igual que en aquellos donde la población evangélica no es mayor del 25%.
• La variable de “percepción de la población acerca de la justificación del aborto” muestra que la opinión pública y la participación activa de la ciudadanía ha sido vital para impulsar la despenalización: a mayor apertura ciudadana, mayor apertura legal.
• La variable de “acceso a internet” muestra que la apertura en cuanto a libertades por parte de la población responde al acceso que esta tenga a la información y a los medios digitales.
• Los indicadores de “libertades civiles” y “derechos políticos”, basados en datos de CEPAL (2017), muestran que la despenalización del aborto no es una cuestión aislada, sino que forma parte de una agenda de ampliación de libertades y derechos impulsada por la ciudadanía, en especial las organizaciones de mujeres, y acogida por algunos gobiernos.
• La percepción de condición económica indica una relación entre el grado de satisfacción de necesidades y la consiguiente transformación positiva en cuanto a derechos y libertades.

Finalmente, es necesario indicar que, a pesar de que ciertos países, o estados, en el caso de la CDMX, han avanzado en la ampliación del derecho a la libre decisión de interrumpir el embarazo, y en la consiguiente reducción de la tasa de mortalidad materna, como el caso de Uruguay (Faúndes, 2017), la generalidad en la región es que las normativas siguen siendo restrictivas, con únicamente dos países con total libertad de decisión para las mujeres, mientras en los otros se las obliga a seguir procedimientos judiciales y médicos complejos, y en última circunstancia a continuar realizándose abortos en condiciones de alto riesgo. Lastimosamente, la realidad todavía tiene cierto carácter inquisitorio medieval, legado de la invasión europea y del que aun debemos desprendernos.

Referencias

CEPAL. (2017a). Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, 44. http://doi.org/S.17-00035

CEPAL. (2017b). Base de Datos CEPALSTAT, consultada en noviembre de 2017.

Faúndes, A. (2017). Reducción de la Mortalidad Materna mediante la prevención del aborto inseguro: La experiencia de Uruguay. Sao Paulo: Universidad Estadual de Campinas.

Guttmacher Institute. (2017). Aborto en América Latina y el Caribe, 1–2. Retrieved from http://es.wfp.org/buenas-practicas-america-latina-caribe

Latinobarómetro. (2015). Informe Latinobarómetro 2015.

Notimérica. (2017). El aborto en Latinoamérica, entre el delito y los nuevos derechos. Retrieved from http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-aborto-derechos-20150311102208.html

OMS. (2017). Mortalidad materna. Nota descriptiva. Retrieved from http://www.who.int/mediac/es/

ONU. (2015). Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, 16301, 1–40.

OPS. (2016). Salud de la madre. Retrieved from http://www.who.int/maternal_child_adolescent/

Sobre el autor:

Julián Estrella López. 27 años. Graduado de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cuenca, estudiante de la Maestría de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Activista ecologista y feminista.