En Cuenca se denuncia la acción de la Fuerza Pública durante las protestas
Trabajadores, campesinos, amas de casa, hombres y mujeres de todas las edades, y, además, estudiantes se convocaron en Cuenca este miércoles 9 de octubre para marchar contra las medidas económicas anunciadas por el Gobierno hace nueve días.
Pero esta no es la única protesta que los reúne. Uno de sus malestares es las distintas denuncias que han circulado en las redes sociales con videos que muestran la represión por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
Desde la avenida Solano las consignas se escuchan como un eco, pero en el Centro Histórico toman fuerza: «Somos pueblo, no somos delincuentes», «No más bombas, no más gas» son apenas dos de las decenas de frases que se han preparado, pero de las que más se repiten.
Las personas salen desde sus ventanas y balcones. Unos les sacan fotos y otros se animan a salir y unirse por un par de minutos, para después regresar a sus casas.
«Tienen miedo. Hay una fuerte represión por parte de la Fuerza Pública, de policías y militares hacia las personas», dice David Fajardo, miembro del colectivo ‘Yasunidos’ y activista social que estudia Derecho en la Universidad de Cuenca. Sustenta su declaración y afirma que él y sus compañeros han creado un colectivo denominado ‘Acción Jurídica Popular Cuenca’ que ha brindado en estos días asesoría gratuita a las personas detenidas «de manera ilegítima e ilegal».
Fajardo asegura que a través de fotografías, audios y videos han recibido denuncias ciudadanas que verifican estas acciones de represión policial: «tenemos un primer informe que hemos levantado con las organizaciones de Quito sobre vulneración de derechos humanos durante el Paro Nacional y el Estado de Excepción».
El artículo 98 de la Constitución del Ecuador, dentro del Estado de derechos, contempla que «los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones de las personas y del poder público, que quebranten o puedan vulnerar sus derechos constitucionales».
Varios videos y fotos en las redes sociales muestran que este derecho no ha sido respetado por los miembros de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano. La delegada zonal de la Defensoría del Pueblo, Verónica Aguirre, lo corrobora: «Hemos estado en territorio durante todos los días de protesta y verificado que efectivamente existe una represión contra los manifestantes».
El primer caso se registró en video. Cristian Rivadeneira, estudiante de la escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca está tirado boca abajo, inconsciente y con sangre alrededor. Segundos antes de esta imagen, se observa que cinco miembros de la Policía Nacional ingresan a una propiedad privada ubicada en la Hermano Miguel y Presidente Córdova. Abandonan el sitio y se escuchan los gritos de auxilio de los vecinos.
Difunden video de un hombre que fue agredido hasta quedar inmóvil en el suelo en el centro de Cuenca. pic.twitter.com/yqkDZXi0aD
— RED Informativa (@_REDInformativa) October 7, 2019
«Tuvimos la precaución de verificar el estado de salud de la persona agredida. Fue atendido en el Hospital Vicente Corral Moscoso», fue la respuesta del gobernador Xavier Martínez cuando fue cuestionado por esta situación.
Ricardo Tello, periodista y docente investigador de la Universidad de Cuenca, registró en video el momento en el que él, junto a otros civiles asisten a Juan David Rodríguez, de 19 años, estudiante de La Troncal, quien, según los testigos, fue golpeado por los miembros de la Policía la noche del martes 8 de octubre. En el video se muestra al joven que es trasladado hacia el hospital Vicente Corral Moscoso casi inconsciente en un automóvil particular. «David ya salió con el alta», publicó Tello en su red social de Facebook.
Estas acciones se repetían entre personas que se acababan de conocer pero ofrecían sal, mascarillas y otras alternativas que aliviaran los efectos de las bombas lacrimógenas.
A los pocos minutos, el vehículo blindado de la Policía Nacional, conocido coloquialmente como ‘trucutú’ irrumpía en una de las esquinas de la Presidente Córdova, haciendo que parte de la marcha corra hasta la altura de la Tomás Ordóñez. En esta misma calle, la noche del martes 8 de octubre, se registró otro ataque policial.
Un grupo de estudiantes de la Universidad del Azuay presenció un hecho antes de las 20:00, hora desde la que el presidente de la República Lenín Moreno restringió la libertad de tránsito y movilidad en todo el territorio nacional a través del Decreto Ejecutivo 888. Un video de 21 segundos que circula en las redes sociales y que fue publicado por el estudiante Juan Zamora muestra la persecución de cuatro miembros de la Policía Nacional en sus motos a un joven que, aunque trata de huir, lo alcanzan y lo golpean. El video termina cuando el joven corre sobre la Mariscal Sucre y una de las motos lo vuelve a perseguir.
Eduardo N., vecino del lugar, confirma que antes del horario del ‘toque de queda’, los policías y militares se concentraron en el sitio: «la verdad nos hacen tener miedo con esas actitudes porque se supone que ellos están para protegernos y no para atacarnos».
Hasta la publicación de esta nota, este diario intentó comunicarse con Mario Castro, Jefe del Distrito Sur de la Policía Nacional, pero su equipo de comunicación nos informó que se encontraba en una reunión en la Gobernación del Azuay.
En la rueda de prensa que el lunes 7 de octubre dio el gobernador del Azuay, Xavier Martínez, aseguró que cualquier situación en la que exista exceso de fuerza será analizada por los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
«Todo el respaldo y todo el apoyo a nuestras instituciones. Policía Nacional y Fuerzas Armadas han hecho un trabajo excepcional», añadió.
Esa noche, el periodista Juan Francisco Beltrán registró otra intervención de la Policía:
Un hombre mayor fue agredido por policías esta noche en el Centro Histórico de #Cuenca. El hombre trató de responder y fue golpeado, cayó y fue pateado en el suelo. Una bomba lacrimogena explotó junto a él y no se pudo ver más.#ParoNacionalEcuador#ElParoNoPara#EcuadorEnParo pic.twitter.com/jBZcbXuK30
— Juan Francisco Beltrán (@jfbeltranr) October 8, 2019
Estudiantes como Maritza Saldaña exigen que los ataques policiales a los manifestantes cesen, pues se encuentran protestando de forma pacífica: «Aunque levantemos los brazos para que vean que no estamos armados, nos lanzan bombas y nos agreden. Esto debe conocer la ciudadanía y, sobre todo, saber que acá está todo el pueblo y que no solo se trata de una marcha de estudiantes».
La noche del miércoles, la ministra María Paula Romo dijo que toda acción violenta de la Policía Nacional cometida contra los manifestantes será revisada luego de la coyuntura que vive el país.
Opiniones
La Defensora del Pueblo indica que se ha enviado un comunicado oficial en el que «rechazamos severamente la actitud que ha tenido la Fuerza Pública en cuanto a la represión brutalmente histórica en el país». La funcionaria informa de cuatro casos registrados en Cuenca: una agresión sin nombre, un ciudadano que perdió un ojo, un estudiante que presenta fisuras en sus vértebras y un adolescente retenido de 15 años. «Nosotros, como magistratura de los Derechos Humanos hemos puesto estos casos en conocimiento de la Fiscalía y pedimos que se procese a las personas causantes de estos desmanes», señala Aguirre.
Andres Martínez, abogado especialista en Derechos Humanos, recuerda que el Ecuador es un Estado de derechos y la Constitución lo reconoce como tal. Con esto se refiere a que todos los derechos están en igualdad de jerarquía. Los estados de excepción, advierte, aunque limitan el ejercicio de ciertas libertades como la movilidad, o la reunión y asociación de las personas; convive de todas formas dentro de un Estado de derechos a pesar de la conmoción interna que se vive actualmente.
«En el caso específico de las fuerzas de seguridad que están llamadas a precautelar el orden interno, en el caso de disturbios ellos tienen un protocolo que debe ser aplicado, pero a través de un ejercicio paulatino de la fuerza. No se lo puede aplicar de buenas a primeras con un tolete o un gas. Lo óptimo es tomar medidas disuasorias que sobre todo, deberán usar una fuerza equivalente. Al fragor de las protestas, no todos los agentes del orden han utilizado este protocolo», expresó Martínez.
ONU Derechos Humanos es una de las organizaciones que ha expresado su preocupación por la violencia en las manifestaciones en el país. «Al resguardar el derecho a la manifestación pacífica, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico», dice un pronunciamiento emitido por este organismo el 6 de octubre.
La organización recordó a las autoridades ecuatorianas que «el uso de la fuerza debe aplicarse en casos excepcionales y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad». (I)
#Ecuador🇪🇨
— ONU Derechos Humanos - América del Sur (@ONU_derechos) October 6, 2019
En el marco de las recientes manifestaciones y el paro nacional en el país, @ONU_derechos expresa su preocupación por actos de violencia y recuerda las normas internacionales de derechos humanos aplicables.
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Isabel Aguilar