El 1° de agosto de 2020, en medio de lo más alto de la primera ola de contagios y defunciones por covid-19 en Brasil, alguien pidió una comida por una app de delivery. Del otro lado, Luan Araujo tomó la orden. Montó su motocicleta y fue a entregar el pedido, en Belo Horizonte. El conductor de un Audi se saltó una luz roja y atropelló a Luan. La moto se elevó unos siete metros antes de caer al suelo. Luan sufrió un traumatismo craneoencefálico, una fractura abierta en uno de sus muslos y debieron amputarle parte de la pierna derecha tras el choque. Con este trabajo mantenía a su esposa y tres hijas.
 

El 29 de julio de 2020, Jefferson Nascimento, de 40 años, fue atropellado por un auto que se dio a la fuga, en São Paulo, Brasil, donde vive. Tenía tres días sin poder trabajar, por cuidar a su hijo enfermo, y ese día solo había podido tomar tres deliverys (por su ausencia, el algoritmo lo estaba excluyendo). Por eso aceptó este aunque eran más de las 11 de la noche. Pese a contar con más de 4.500 entregas y con una tasa de evaluación muy alta, y haber notificado a la empresa sobre el accidente, se le descontó el valor del pedido que no alcanzó a entregar.

Carolina, migrante venezolana, tuvo que trabajar con miedo de contagiarse, por necesidad, pese a las comorbilidades que padece. Laurilee, también migrante venezolana, tuvo que sortear la delincuencia y calles solitarias, producto de las restricciones de movilidad. Rocío, joven argentina, ha tenido que defenderse del acoso sexual de algunos usuarios, sin respaldo de la aplicación para la que trabaja.

Las historias de Luan, Jefferson, Carolina, Laurilee y Rocío se han repetido entre miles de repartidores de toda Latinoamérica, una y otra vez, desde que empezó la pandemia de covid-19.

Sin embargo, a la par, en septiembre de 2020, Rappi aumentaba su capital en US$300 millones; lanzaba su nueva tarjeta de crédito en Colombia, en octubre del mismo año, en alianza con Visa y un banco local; y en julio de 2021 aumentaba de nuevo su capital en US$500 millones, mientras sigue gestionando su incursión en nuevas áreas, como la creación de una entidad bancaria digital en Colombia. Su mayor competencia, PedidosYa, no se quedaba atrás, y en septiembre de 2020 compró la también compañía de delivery Glovo, con la que se expandió a cinco nuevos mercados; en marzo de 2021 se fusionaba con IFood en Colombia, para competir con Rappi.

Frente a ello, más de 50 periodistas latinoamericanos, de 17 países, nos unimos para investigar un fenómeno lleno de contrastes:

Mientras que cientos de millones de personas estuvimos confinadas en América Latina, miles de repartidores de comida (muchos migrantes) arriesgaron la vida y la salud para entregar todo tipo de alimentos. Desprovistos de seguridad social, salario base o cualquier tipo de prestaciones o apoyos del gobierno, los trabajadores de diversas plataformas de delivery de comida cargaron en sus hombros, o en sus piernas, una parte importante de la estabilidad social durante los peores meses de la pandemia. De hecho, lo siguen haciendo. Y por supuesto, llenaron los bolsillos de las empresas detrás de estos aplicativos.

Para esta investigación se entrevistaron a más de 75 repartidores de 13 países, se revisaron 22 papers académicos sobre precarización laboral de las personas trabajadoras de delivery, numerosos debates sobre si existe o no subordinación entre el repartidor y la empresa de repartos (y por ende, relación laboral), y se leyeron 29 reportajes sobre el tema de una gran cantidad de países de toda la región.

Además, el equipo de Repartos LATAM decidió usar tecnologías de la descentralización y convertir piezas del especial en Non Fungible Tokens, para asegurarse de la perdurabilidad de los hallazgos de esta investigación regional, sin intermediarios que afecten la historia detrás. Utilizaron la red Tezos y seleccionaron cuidadosamente qué piezas mintear para no dejar una gran huella de carbono con el uso de estas tecnologías.

Puedes leer la investigación en su formato original aquí: https://repartoslatam.distintaslatitudes.net

 

En 2019, Rappi en ArgentinaChileColombiaEcuador, México* y Uruguay contaba con 106 mil 400 repartidores registrados. En 2020 esa cifra aumentó a 179 mil 500 repartidores, en ArgentinaChileColombiaEcuador, México* y Perú. La plataforma reportó un crecimiento del 20% cada mesdesde que comenzó la pandemia.

PedidosYa pasó de tener unos 15 mil repartidores en toda la región en 2019, a tener 35 mil, hasta mayo de 2021.

*Dato suministrado en solicitud de información.


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Por: Claudia Rivera Cotto, María Cristina Muñoz y Hitchman Powell

En lo que a Rappi y PedidosYa concierne, el Caribe insular parece estar lejos de la prioridad. Entonces: ¿cómo funciona el negocio del delivery en el Caribe hispanohablante? A continuación, un zoom a los casos de Cuba y Puerto Rico. 

 

En lo que a Rappi y PedidosYa concierne, el Caribe insular parece estar lejos de la prioridad. Entonces: ¿cómo funciona el negocio del delivery en el Caribe hispanohablante? A continuación, un zoom a los casos de Cuba y Puerto Rico. 

En lo que a Rappi y PedidosYa concierne, el Caribe insular parece estar lejos de la prioridad. 

¿A qué se debe esto? ¿Es un tema tecnológico, de regulación, político, de falta de interés por el mercado? No lo sabemos con certeza. 

En el caso de Rappi, la ausencia parece deberse a una nueva estrategia de consolidación. “Ya crecimos más de lo que podríamos haber imaginado al principio”, comentó hace unos meses Kathleen McInerney, directora de Políticas Públicas, Asuntos Gubernamentales, Comunicaciones Corporativas y Relaciones Públicas de la firma colombiana. “Lo que queremos hacer ahora es enfocarnos en tener un negocio muy sostenible en las ciudades y países donde estemos”. 

La uruguaya PedidosYa, por su parte, llegó a República Dominicana en 2019 y desde entonces ha conquistado once provincias del país. Sin embargo, no ha dado muestras de querer expandirse por el resto de territorios que conforman la región. 

Entonces: ¿cómo funciona el negocio del delivery en el Caribe hispanohablante? A continuación, un zoom a los casos de Cuba y Puerto Rico. 

Los puertorriqueños poseen la mayoría de las aplicaciones de delivery en el país

Además de las estadounidenses Uber Eats y DoorDash, en Puerto Rico hay al menos unas siete aplicaciones locales que se dedican al delivery de comidas preparadas. Se trata de Uva!DameUnBiteLunchera, Buy Pin, FoodNetPRTupyxMunchies.  

Según Heriberto Martínez Otero, economista, profesor universitario y director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, la pandemia fue clave para el surgimiento y posterior auge de estas aplicaciones. 

“Ya estamos empezando a ver los brotes verdes”, dice en referencia al concepto económico con que se identifican sectores incipientes de la economía en una situación adversa. “Son esas primeras empresas en sectores que no eran dominantes en una economía”, especifica. 

Para él, es bueno que haya innovación y participación en estos segmentos tecnológicos por parte de locales y que se expandan a otras áreas del país. También resalta que los servicios que ofrecen las compañías puertorriqueñas son más económicos que los de las estadounidenses. 

No obstante, advierte que, con el objetivo de aumentar sus márgenes de ganancia, estas aplicaciones mantienen una lógica de economía colaborativa con los repartidores.

“En el momento en que estas empresas tengan que empezar a gastar más en el trabajador hay riesgos compartidos. Ya no sería colaboración, sino riesgo compartido y, obviamente, ellos entienden que eso provocaría una reducción en el margen de ganancias”, explica Martínez.  

Por eso, muchas de las personas puertorriqueñas que laboran como repartidores de comida lo hacen como un empleo complementario, para generar algún ingreso adicional. “Es sumamente difícil que una persona pueda vivir [solo] de llevar alimentos al hogar”, dice. 

Además, está el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica y el Caribe, en Puerto Rico el repartidor de comida en bicicleta no es la norma. De hecho, aunque alguien quisiera hacerlo así, la infraestructura vial casi que le haría imposible moverse fuera de San Juan, la capital. 

Como el país no cuenta con un diseño de ciudad en la que se pueda acceder de manera rápida a restaurantes y supermercados, se utiliza el auto prácticamente para todo. Esto, por supuesto, conlleva gastos adicionales para los repartidores de comida, quienes tienen que pagar la gasolina, el cambio de aceite y filtro, la depreciación del vehículo, el cambio de gomas y el riesgo que representa tener un accidente. 

“O sea, todos los costos laborales para brindar un servicio de entrega recaen sobre el asociado”, resume Martínez.  

Aunque en la actualidad las aplicaciones de delivery están mayormente concentradas en el área metropolitana del país, hay esfuerzos, como el de la aplicación “Lunchera”, para que este mercado se mueva a otras áreas del archipiélago.   

¿Y qué pasa con Cuba? 

En el caso de Cuba, a la ausencia de Rappi y PedidosYa habría que sumar también la de UberEats, el tercer gran competidor de Latinoamérica, debido al embargo de Washington sobre La Habana.  

Aquí el desarrollo de plataformas de delivery ha sido totalmente local. Este fenómeno tuvo su momento precursor en diciembre de 2018, cuando Etecsa, la única empresa de telecomunicaciones del país, empezó a comercializar Internet por datos móviles. Fue a partir de entonces que comenzaron a surgir las llamadas startups de última milla. 

Mandao, la primera aplicación cubana de entrega de comida a domicilio, comenzó a operar casi un año después, en septiembre de 2019. Desde entonces se le han sumado al menos otras cinco, generalmente centradas en La Habana: PaMiCasaMercazonaZaaz BicimensajeríaEncarguito y e-Ver. 

Además de generar empleos, riqueza y una nueva dinámica social, estas aplicaciones han salvado a muchos negocios que, sin clientela debido al confinamiento por la covid-19, seguramente hubiesen quebrado.   

¿Cómo funcionan?

Hasta el momento, ninguna ha podido constituirse como una pequeña o mediana empresa*. No obstante, funcionan, solo que de una manera atípica. 

Por un lado, los propietarios y técnicos trabajan bajo licencias de “programadores de equipos de cómputo”. Con ellas, desarrollan las aplicaciones y subcontratan a los repartidores, quienes, a su vez, deben tener una licencia de mensajero. 

Los primeros pagan un mínimo mensual de 80 pesos cubanos (3 dólares) a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Los segundos, de 40 pesos. Con ello aseguran sus derechos laborales y de seguridad social. Los servicios de salud son universales. 

No obstante, la falta de un marco legal claro para pymes representa un obstáculo tanto para el crecimiento de estos startups como para los repartidores. Sin esto no pueden contratarse directamente ni asegurarse el respaldo de la empresa ante cualquier reclamo. 

“Sería bueno un marco legal, para dejar en claro los deberes y derechos que tienen [los repartidores] para con PaMiCasa, y los de esta con ellos”, dice Jorge Jesús Perera, community manager de esta aplicación. 

Sin embargo, al menos de momento no parece haber muchas quejas por parte de los repartidores. Trabajan a conveniencia y cobran según la distancia recorrida. Aunque en ocasiones deben comprar ellos mismos los insumos de trabajo, en un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos (87 dólares), la entrega a domicilio se perfila como una opción atractiva.

“A mí me ha dado negocio”, dice Daniela Castillo, estudiante universitaria y repartidora para Zaaz Bicimensajería en sus tiempos libres. “Cada día son más las personas que están dedicándose a esto”. 

Zaaz Bicimensajería es una de las aplicaciones que más apuesta por el uso de la bicicleta, cada vez más popular en la entrega a domicilio. Además de amigable con el medio ambiente, esta es más accesible y práctica para los cubanos, puesto que no depende de ningún tipo de combustible. 

No obstante, la falta de ciclovías, el mal estado de las calles y la insensibilidad de algunos choferes representan una amenaza para la salud de los repartidores, que suelen ir en bici o motocicleta. 

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Notas:

*En agosto de 2021, Cuba aprobó un decreto-ley sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Recién el 7 de octubre, Mandao fue el primer negocio privado de su tipo en convertirse en mipyme. Sin embargo, todavía no hay claridad jurídica respecto a qué implica esto para los negocios de operación logística, como en su caso. 


Imagen: Licenciada por Envato Elements


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Por: Yerson Collave, Federico Muiña, Lilia Balam y Johanna Osorio Herrera

Portada: Milena Arce

Ante la pandemia, muchos vieron en las aplicaciones de delivery una solución, sobre todo los grupos más vulnerables. Una gran cantidad de personas migrantes optaron, entonces, por un trabajo que ofrecía beneficios y flexibilidad, pero, ¿a qué costo? 

La pandemia de covid-19 trajo consigo desempleo en toda la región. Ante la coyuntura, muchos vieron en las aplicaciones de delivery una solución, sobre todo los grupos más vulnerables. Una gran cantidad de personas migrantes optaron, entonces, por un trabajo que ofrecía beneficios y flexibilidad, pero, ¿a qué costo?

Ser repartidor y migrante representa una doble vulnerabilidad en un trabajo que ya trae consigo claros perjuicios.  Sin embargo, para muchos ha sido la mejor (o única) opción. 

En Argentina y Chile, por ejemplo, más del 70 por ciento de trabajadores en el sector de la entrega basada en aplicaciones son migrantes, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, basado en encuestas y entrevistas con 12.000 trabajadores en 100 países. Este estudio afirma que estas y otras naciones “han visto una gran afluencia de refugiados y migrantes venezolanos en sus mercados laborales nacionales, que enfrentan perspectivas de empleo inciertas, aunque muchos tienen altos niveles de educación”. 

¿Cuál es la razón de que tanto migrantes opten por este empleo con alta precariedad laboral? “Trabajar en el sector de la entrega basada en aplicaciones surge como una opción para muchos debido a la falta de otros trabajos disponibles correspondientes a su educación, las bajas barreras de entrada y la facilidad de acceso a este sector, así como la discriminación en el acceso a trabajos en otros lugares”, señala el mismo informe.

Alfredo, Lorena y Frazi son una clara muestra de esto.

Recorrer la ciudad en medio de la peste

Las calles de Lima, una ciudad con más de 10 millones de personas, quedaron vacías cuando el gobierno peruano hizo obligatorio el aislamiento social con la llegada de la covid-19 al país en marzo de 2020. Esas mismas calles eran recorridas por repartidores, que transportaban desde alimentos hasta medicamentos a las casas, principalmente en lugares de ingresos altos.

Alfredo recuerda esos días. Él todavía no trabajaba como repartidor de aplicativo. Laboraba entonces para una empresa de reparto que brindaba servicios al Seguro Social de Salud. Su función era ir a las casas de los asegurados que tenían prescripciones médicas para entregarles sus medicamentos. En abril de ese año, dos semanas después del inicio de la cuarentena nacional, perdió el trabajo y, poco después, decidió unirse a PedidosYa. 

El delivery era una de las pocas actividades permitidas. A diferencia de las millones de personas que se quedaban en casa, ellos tenían que entregar pedidos, comprar sus propias mascarillas, trajes de protección, alcohol. Se requería de sus servicios incluso en medio del toque de queda.

Para Alfredo, migrante venezolano, este trabajo era muy sacrificado y peligroso porque, al igual que el personal de salud y los policías, ellos eran de las pocas personas que seguían moviéndose en la ciudad. Alfredo temía contagiarse. Estaba solo en el país; toda su familia vive en Venezuela. Tampoco tenía seguro ni manera de acceder a atención médica en algún hospital público si enfermaba: todos estaban colapsados.

Esos días fueron especialmente difíciles para él. Aunque nunca se hizo una prueba para descartar covid-19, cree que sí tuvo la enfermedad por el constante contacto con los usuarios de la ‘app’. Estuvo varios días en cama, enfermo con lo que describe como una “fuerte gripe”, y le tocó afrontar ese trance solo.

“Las personas nos trataban mal mientras nosotros estábamos moviendo todo en medio de la pandemia”, dice sobre su experiencia como repartidor durante la primera ola de contagios en Perú.   

Un diagnóstico sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales en Lima realizado durante la pandemia concluye que quienes hacen delivery en la ciudad son, en su mayoría, jóvenes y migrantes. Alfredo Chacón es migrante, pero ya no es tan joven. Y es que no se planteó que a los 40 años y luego de haber estudiado una carrera universitaria en su país, estaría trabajando en un empleo de ‘muchachos’, como llama a sus compañeros repartidores mucho menores que él. Habla de ellos en un tono de hermano mayor, casi paternal: “Yo los asesoro en lo que puedo”.

Las condiciones laborales de las y los trabajadores de delivery son precarias, sobre todo cuando son migrantes.

De acuerdo con el reportaje Millonarias compañías de delivery operan en un marco laboral y tributario difuso, de OjoPúblico, un informe del Ministerio de Trabajo confirma que “los repartidores asumen el costo de combustible, del SOAT, la reparación de sus vehículos y el equipo celular e Internet con que la empresa realiza la geolocalización. Además, deben comprar la mochila o indumentaria con el logo de la aplicación y cumplir determinados horarios para acceder a más entregas. La mayoría de ellos, indica el documento, no están afiliados a un sistema de pensiones”, indica la publicación, que agrega “los datos de monitoreo realizados por ACNUR en Perú, al cierre de 2020, muestran que cerca del 90% del millón de venezolanos que vive en el país se encuentra desarrollando empleos precarios o está sin trabajo, y el 70% de ellos comen menos de tres veces al día. .

En julio de 2021, cuando Alfredo atravesaba el duelo por la reciente muerte de su padre en Venezuela, PedidosYa le suspendió la cuenta luego de que un grupo llamado Unión Rider Perú convocara dos paros, de las pocas protestas de ‘riders’ que se han registrado en el país hasta el momento. Para la empresa él era “la cara más visible” del movimiento que pedía mejoras en la plataforma, entonces “pensaron que quien estaba motivando todo eso era yo [aunque no era así]. Entonces, como los inquisidores, juez y verdugo, fueron detrás de mi cabeza directamente y me suspendieron [la cuenta]”, asegura Alfredo. 

En la práctica, dice, le quitaron el trabajo, el único ingreso fijo que tiene. Pensó en presentar alguna queja, pero la empresa no tenía una sede física para recibir la queja de los repartidores y descartó hacerlo en el Ministerio de Trabajo porque no tiene condición de trabajador. Organizaciones como Ni un repartidor menos, a la cual pertenece, expresaron su molestia por su caso a través de redes sociales y lograron que le hicieran los pagos que faltaban, pero no su reposición.

Hoy hace repartos con Rappi, aunque no sabe hasta cuándo. Muchas veces, cuenta, ha buscado otros empleos, pero ninguno es una alternativa mejor que esta: las opciones para un migrante no suelen incluir seguros, ni contratos fijos, ni salarios importantes. El Perú tiene más del 70% de empleo informal, y se considera que este incluso se ha incrementado.

Siendo ‘rider’, aunque trabaje hasta 14 horas al día, Alfredo puede ganar más de lo que le ofrecen en otros trabajos que ha tenido en el Perú. Además, está asociado a gremios regionales. No se siente solo.

Falta de oportunidades laborales: ser repartidores como única opción 

Lorena tiene 27 años y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es migrante colombiana. Como muchos, se quedó sin trabajo durante la pandemia. “Los primeros días estaba muy angustiada. Sabía que no iba a conseguir otro trabajo, y siendo migrante, eso implicaba el riesgo de quedar en la calle”, relata.

Como estudiante de medicina, necesitaba un empleo que le ayudara a mantenerse, pero que, a la vez, le permitiera ajustar sus horarios para estudiar. Trabaja en bicicleta, seis horas, seis días a la semana, en los que hace en promedio 12 entregas. Por cada una gana 120 pesos, un poco más de 1 USD; es decir, casi 15 USD diarios. “Realmente no entiendo la relación entre kilómetros recorridos y paga”, dice, y afirma que no le parece una retribución apropiada para el trabajo que hace. “Es difícil. Los clientes no se cuidan, el ritmo de trabajo es muy exigente, y los primeros días no podía levantarme de la cama por el dolor de piernas”.

Lorena es una de las miles de personas migrantes que trabajan en aplicaciones de delivery en Argentina. De acuerdo con El proceso de trabajo y la experiencia de los trabajadores en las plataformas de delivery en la Argentina“en la plataforma de Rappi los inmigrantes representan alrededor del 83% de los sus repartidores”, asevera el estudio, que agrega que la mayoría son venezolanos. 

Sin embargo, Lorena, como el 56% de los y las repartidoras encuestados para esta investigación, prefirió no especificar en cuál plataforma trabaja, quizá por temor a ser inhabilitada como Alfredo.

El mismo informe asegura que “la precariedad no se comporta de la misma manera en todo el mundo y está particularmente relacionada con la dinámica de la migración (…). El estatus de residencia y el capital social de los migrantes pueden afectar sus posibilidades de participar en el mercado laboral formal, obligándolos a condiciones de trabajo precarias”, explica.

Los repartidores, sobre todo migrantes, no tienen entonces más opción que trabajar todo el tiempo que puedan, pese a la baja retribución, para garantizar no quedarse sin trabajo. ¿La razón? “Una vez que aparece el pedido en la aplicación de Soy Rappi, hay 30 segundos para decidir si se acepta o no el viaje. Cuanto menos pedidos se acepten, más baja será la tasa de aceptabilidad. Y cuanto más baja sea la tasa, menos pedidos aparecerán”, explica Emiliano Gullo, en un trabajo de inmersión que hizo para Revista Anfibia

Es el caso de Lorena: “si no salgo a trabajar bajo en el ranking de la empresa y cobro menos”. 

No obstante, aunque su trabajo le provoca malestar físico y emocional, su posibilidad de exigir una mejora en sus condiciones laborales es escasa, casi nula, de acuerdo con Roberto Cruz Peña, abogado especialista en materia laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “El problema viene con las apps porque el bicimensajero no trabaja para la app, no son trabajadores técnicamente. La ley dice que para que tú puedas decir que una persona es trabajadora tiene que haber una relación de subordinación, es decir, un deber de obediencia frente a un poder de mando. Con los bicimensajeros de la app, el chico o chica abre su programa, se conecta y recibe la primera notificación. Si quiere la toma y si no, no la toma, es cuestión de él y ahí ya no hay subordinación”, explica. “Ahí se pierde el elemento esencial de una relación de trabajo”.

Redes de apoyo para paliar la soledad y la xenofobia

La Plata es la capital de la Provincia de Buenos Aires, una región que en términos poblacionales representa casi el 40% del padrón electoral en Argentina. Conocida por sus calles diagonales que solo llevan de nombre un número, La Plata vio mermar su tráfico cotidiano durante la pandemia de covid-19, que comenzó a hacerse presente en el país a mediados de marzo de 2020.

Para Frazi, un haitiano que llegó al país hace solo tres años, acostumbrarse a trabajar con una pandemia de fondo fue un desafío enorme: “Durante el primer mes y medio no salí a trabajar porque era la primera vez que veía y vivía algo así. Tenía mucho miedo. Pero después comencé a trabajar tomando todas las medidas sanitarias, que mantengo al día de hoy: barbijo, alcohol en gel, distanciamiento”. El joven de 30 años destaca que, además de la exigencia propia de tener un sustento para él, su hijo de 2 y su novia, “había muchas personas que no podían salir por indicación médica, y entonces ahí aparecemos nosotros, llevando remedios, comida o lo que haga falta”, cuenta.

“Trabajo de repartidor porque es un trabajo libre, simple y sin complejos, que no tiene jefe y con un celular, una moto o bicicleta ya está”, explica Frazi, que llegó al país hacia finales del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cuando la pandemia todavía no era una realidad pero la crisis económica y social eran moneda corriente. “Inscribirme para trabajar de delivery fue mi primera y última opción porque cuando llegué no tenía el documento argentino, sino que vine con mi novia y mi hijo con visa de turista por tres meses”, recuerda el joven oriundo de los suburbios de Puerto Príncipe, que en sus comienzos trabajó con Glovo —absorbida por PedidosYa— y luego de forma directa para PedidosYa, que mantiene hasta ahora. 

De acuerdo con El proceso de trabajo y la experiencia de los trabajadores en las plataformas de delivery en la Argentinala segunda plataforma con mayor proporción de inmigrantes en Argentina es Glovo, que representa el 65,7%.

A pesar de rescatar las mieles de su trabajo —no patrón, no horarios— Frazi sostiene: “trabajamos de forma muy difícil, porque no tenemos un seguro que nos respalde si tenemos algún accidente, ni cobertura ni nada por el estilo”. Y, a pesar de que existen algunas organizaciones sindicales, para Frazi resulta paradigmático: “Si están ahí, ¿por qué la situación sigue siendo tan mala? Es como si no estuvieran”. Sin embargo, destaca: “hay como una hermandad entre los repartidores, y somos nosotros los que creamos las redes de contención todos los días en la calle”. 

Ser negro en un país que siempre ha negado su raíz afro como Argentina es por demás difícil. El impacto, para Frazi, fue ver las miradas de las personas: “Ya sea en la calle o cuando llevaba un pedido, siempre me sentí muy observado. Hablando con otros amigos, algunos haitianos y otros senegaleses, entendí que es porque la gente es ignorante, y no está acostumbrada”. La solidaridad también excede el trabajo, y eso se ve en la parada que eligen muchos repartidores haitianos: el puesto de jugos de su amigo Clyford —de Puerto Príncipe, como Frazi— ubicado en una de las plazas de La Plata, es epicentro de reuniones y descansos en las jornadas laborales.  

 

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Por: Astrid Arellano, Astrid Morales, Julieta Bugacoff y Zoila Antonio Benito

Portada: Astrid Arellano

Si bien las condiciones laborales son las mismas para ambos géneros, las mujeres que trabajan para aplicaciones de delivery se enfrentan a un marco de mayor vulnerabilidad. Ante este panorama, muchas buscan agruparse y hacerle frente a la precarización.

Paola Ángel viajaba en el transporte urbano, rumbo a la Ciudad de México, para iniciar su jornada laboral como repartidora de Rappi. En una parte del recorrido de más de dos horas desde su casa en el Estado de México, un hombre que iba sentado junto a ella la asaltó. Le quitó el teléfono y su dinero, pero no le bastó con eso. “Cierra los ojos”, le dijo y comenzó a tocarla sin su consentimiento, hasta meterle la mano entre su ropa y besarla a la fuerza. 

Todo sucedió bajo la mirada de otros hombres que, cuando el agresor se fue, se burlaron de ella, todavía en estado de shock. Nadie la ayudó. Tampoco Rappi cuando reportó la agresión, pues “no estaba conectada a la aplicación” cuando esto sucedió. 

“Espero que te recuperes pronto y que puedas volver a trabajar con nosotros”, fue la respuesta que Paola asegura haber recibido de la empresa. “Yo he tenido esa mala experiencia, pero no quiero que mis compañeras pasen por lo mismo”, afirmó.

Por eso, en junio de 2020, decidió fundar Ni Una Repartidora Menos, una organización para defender a las repartidoras de la Ciudad de México ante abusos y violencia de todo tipo. Hoy esta red tiene cerca de 100 integrantes y, de acuerdo con su estadística, 8 de cada 10 compañeras han vivido situaciones de acoso y hostigamiento sexual por usuarios de la aplicación móvil.

Casos, caos y limitaciones 

“Nunca le dije a nadie lo que estaba ocurriendo porque me daba vergüenza. Todo cambió cuando una compañera más grande mencionó que le había pasado algo similar en varias ocasiones. Fue ella quien me acompañó a hacer la denuncia”, Natalia, de 19 años, se animó a contarle a otra repartidora acerca de un cliente que la llamaba todos los días para invitarla a su casa. 

En un entorno riesgoso, las empresas se limitan a otorgar manuales sobre el buen comportamiento de la persona repartidora: “No acercarse al cliente, no compartir datos personales, ser siempre amable”. De esta forma, la precarización laboral esconde una lógica de revictimización. Las trabajadoras deben seguir las normas establecidas por la aplicación para evitar situaciones de violencia y, si algo les ocurre mientras están trabajando, nadie se hará cargo porque ellas son las responsables de su propia seguridad.

“Conozco casos en los que la reparación de los daños por asaltos y accidentes ha tomado más de 15 días. Y en todo ese tiempo la persona afectada pasa sin poder trabajar ni recibir un peso”, explica Yésica, de 25 años y repartidora en Argentina. Su tiempo, desde que empezó a trabajar hace tres meses en Pedidos YA, se divide entre las horas que pasa haciendo entregas en su bicicleta y sus estudios universitarios. Su trabajo en la aplicación -al que ve como temporal-, le da los horarios flexibles que necesita. 

Describe a los riders, sin importar a qué aplicación pertenezcan, como una comunidad en la que se protegen entre sí. Cuando la demanda de pedidos disminuye se reúnen en puntos clave y tienen grupos de WhatsApp en los que pueden reportar que necesitan ayuda.

Ni sus colegas ni quienes utilizan la aplicación le han faltado al respeto, pero sí ha sido acosada mientras pedalea por las calles de Ramos Mejía y San Justo, dos partidos del barrio La Matanza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a poco más de 30 kilómetros del Centro de la Ciudad. 

Además, afirma haberse enterado de casos de agresiones a personas trabajadoras de las aplicaciones y la ha impactado uno en particular. “Hace unas semanas una chica que trabajaba para la misma aplicación que yo, fue agredida por tres hombres. La asaltaron y la apuñalaron. Lo sucedido no fue cubierto por los medios y ningún representante de la empresa llegó al hospital a verla. No tomaron más medidas de seguridad ni nada”, narró. 

Yésica admite que es un trabajo inseguro para las mujeres y no lo califica como “bueno”, sin embargo, es lo que la mantiene a flote económicamente.

Respuestas colectivas

Si bien las condiciones laborales son las mismas para ambos géneros, las mujeres se enfrentan a un marco de mayor vulnerabilidad. Ante este panorama, muchas trabajadoras buscan agruparse y hacerle frente a la precarización.

Desde 2019, en Argentina hubo distintos intentos para establecer un sindicato de repartidores, pues el país tiene una extensa tradición vinculada al movimiento sindical. Sin embargo, reclamar derechos a un patrón que carece de rostro no es fácil

En junio de 2021, se anunció la creación del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones (SiTraRepA), cuyo principal objetivo es obtener el reconocimiento de la relación laboral y los derechos correspondientes a un trabajo en relación de dependencia. 

Con respecto a las problemáticas específicas al género, Belén, de 29 años y secretaria adjunta del sindicato, explicó: “De por sí, manejarse en la sociedad siendo mujer es mucho más difícil. Trabajar en calle arriba de una bici o una moto implica estar mucho más expuesta al acoso o la violencia”. 

Luego, agregó: “Es muy frecuente que, en el momento de retirar la comida, se den situaciones de maltrato por parte de los restaurantes. El contexto patriarcal hace que para los hombres sea mucho más fácil plantarse, mientras que para una mujer se vuelve algo tenso y difícil. Las métricas del rating varían según el tiempo de retiro, entonces la demora se vuelve un problema”.

En los últimos meses, SiTraRepA comenzó a organizar postas solidarias donde las personas trabajadoras pueden cargar su celular, charlar con otros o parar a comer. Para muchas mujeres se trata de un espacio de contención en el que comparten sus experiencias y las distintas problemáticas que las aquejan. Realizar medidas así es urgente no sólo en Argentina, sino también en toda la región.

Uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ repartidores en Latinoamérica es la ausencia de un representante de las empresas de delivery que, en caso de abuso o violencia, garantice asistencia física y psicológica o la aplicación de un protocolo de violencia de género. Tampoco existe la garantía de derechos laborales básicos como licencia por maternidad. 

El Observatorio de Plataformas Digitales, liderado por la socióloga y desarrolladora de plataformas Alejandra Dinegro, ha podido conocer las necesidades y problemáticas que enfrentan en el Perú mujeres y poblaciones LGTBIQ+ repartidores, algunos de ellos migrantes: “Además de ser extranjeras, la xenofobia, el acoso y hostigamiento a las mujeres y la homofobia es fuerte. Tienes cuatro cosas con las cuales enfrentarte y eso no es nada sencillo”, puntualiza preocupada.

Además, Dinegro evidencia cómo es que no funciona el mecanismo de la aplicación en caso de presentar una denuncia. “Las repartidoras no tienen la facultad de quejarse de los usuarios, no los pueden calificar porque hay una calificación unilateral y arbitraria. Si a las mujeres les piden favores sexuales o las acosan, las van a calificar bajo porque ellas se niegan. Así, ellas no llegan a escalas valorativas altas, por lo que tienen menos repartos, menos ingresos y por lo tanto tienen que ver otra forma de generarlos”, indica. 

En la Ciudad de México, la organización Ni Una Repartidora Menos cuenta con un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que inicia con la identificación del viaje de alguna repartidora a una zona riesgosa de la ciudad. Solicitan su ubicación en tiempo real, por ocho horas a través de WhatsApp, y se le monitorea por mensajes y llamadas durante el tiempo estimado para la entrega de su pedido. Si la repartidora no contesta en los primeros minutos de haber entregado un pedido, se da aviso en otros grupos de WhatsApp -especialmente al grupo aliado de Ni Un Repartidor Menos- para iniciar su búsqueda en las calles.

“Tenemos una alianza con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ellos nos mandan a las policías de género”, explicó Paola Ángel respecto a un acuerdo que lograron a través de una mesa de diálogo entre ambas organizaciones de repartidores. 

“En casos así, van puras policías mujeres a atender la situación e, igual, si la compañera fue violentada, pedimos una ambulancia Atenea, donde las paramédicas son mujeres”.

Ausencias legales y empresariales 

Como parte de una investigación para su maestría, Alejandra Dinegro terminó descubriendo, en 2019, un vacío normativo, legal, laboral y administrativo en la relación entre plataformas digitales de delivery y mujeres y poblaciones LGTBIQ+: “Si tú reasignas un pedido de una zona ‘roja’ por cuidarte, el aplicativo te sanciona. Si vas a ese lugar, te arriesgas a que te roben o que te hagan otra cosa. Si te desconectas y justificas que estás embarazada, la plataforma te sanciona, porque no eres trabajadora”, asegura. En la tercerización del trabajo no se ven reflejados sus derechos. 

Para la abogada laboralista Ana Roque, el que mujeres y poblaciones LGBTIQ+ no tengan una relación formal de trabajo, no les obliga a empresas como Rappi o Pedidos YA a crearla. “(En Perú) el tema es más grave con ellos porque hay una tasa alta de informalidad. Dentro de este universo de informalidad laboral, si para el repartidor varón ya de por sí es compleja la situación porque no se le reconocen derechos, para mujeres y poblaciones LGTBIQ+ es peor, porque son una población mucho más vulnerable”, enfatiza. 

“No tenemos instituciones públicas sólidas que realmente protejan a las mujeres, poblaciones LGTBI+ y migrantes. Rappi y Pedidos YA tienen una personería jurídica y, por ende, deben cumplir las obligaciones de una empresa. Si ellos tienen más de 20 trabajadores administrativos, en planilla, deberían tener un comité de investigación frente al hostigamiento sexual. Si tienen menos de 20, deberían tener un delegado”, indica la abogada. 

No obstante, al no pertenecer a planilla ni ser trabajadores administrativos, ¿un acto de acoso u hostigamiento entre repartidores, repartidora y cliente entraría a ser investigado? 

En Perú, Luisa, repartidora de Rappi, llamada así por seguridad, señala que un cliente le escribía frases incómodas antes de entregar su pedido. “Me ponía cosas hostiles. Ahí mismo acudí con mis compañeros y uno de ellos me acompañó a entregar el pedido. El tipo me decía que vaya a su casa, que estaba solo y no sé qué tantas cosas más”. Asegura que desconoce si Rappi tomaría acciones al respecto. No lo intentó, al saber que es trabajadora tercerizada. “Al final tú no puedes reclamar”, afirmó, “porque quien va a tener la razón es el cliente”.

“Me parece que es un poco confuso”, afirma Roque, “porque tendría que haber un acuerdo de sujeción. Si no ocurre este acuerdo, solamente lo tendría que ver la ley penal, si hay delito de acoso. Lamentablemente, el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial nos dicen: ‘Oye, no voy a investigar un tocamiento indebido que es difícil de probar que ocurrió. Olvídate de esa denuncia, ya fue’”.

Al realizar una búsqueda en sus respectivos sitios web, ni Rappi o Pedidos Ya cuentan con un mecanismo para actuar ante el peligro a los que están expuestas, sobre todo, mujeres y poblaciones LGBTIQ+. RepartosLATAM buscó a ambas empresas en Perú para conocer su postura, sin embargo, sostuvieron que no ofrecerán entrevistas.   

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