Milchichig, la piedra en el zapato
El último plazo impuesto para finalizar las obras civiles del tranvía terminó el domingo 13 de octubre. La fecha de entrega nuevamente se incumplió. El Municipio y el Consorcio francés ACTN, encargado de la construcción de la obra, aseguraron que el incumplimiento se debió a tres factores: la rotura de una tubería que tomó cuatro días en ser repuesta, un paro efectuado desde el cinco hasta el 21 de septiembre en el puerto de Buenaventura de Colombia que impidió que algunos materiales llegaran a tiempo, once días de lluvia que imposibilitaron tender la capa asfáltica en uno de los carriles en el sector de Milchichig y la acción de protección que interpuso un frentista.
Este último factor ha sido el que más tiempo ha tomado solucionar. Carlos Castro, abogado defensor del Municipio, en una entrevista realizada el domingo 13 de octubre en la emisora La Voz del Tomebamba, aseguró que el Municipio previó esta situación y el 13 de julio de 2016 procedió a expropiar 200,90 metros cuadrados de la superficie de la propiedad del señor Jimy Rodas, frentista de Milchichig que interpuso la acción judicial. Posteriormente, se expropió “otros 395,50 metros cuadrados correspondientes a toda la loza del predio. El municipio, por lo tanto, tenía derecho a entrar a construir”, afirmó.
La segunda expropiación fue anulada por Rodas que, en todo su derecho, interpuso un amparo judicial. El juez, según Castro, dio paso a continuar con las obras pero con precaución de no afectar la propiedad y no impedir el tránsito al ingreso del predio. “Esa medida del juez obligó a que las partes tomen los recaudos: ir al predio, establecer cómo coincide la línea de fábrica… acciones efectuadas por la empresa constructora junto a Gerencia y Fiscalización y la Unidad del tranvía. Esto es la realidad”, finalizó.
Sin embargo, para el frentista Jimy Rodas el Consorcio y el Municipio no respetaron su propiedad privada y “arbitrariamente” ingresaron y partieran la lazo del predio, acción que lo obligó a interponer un amparo judicial para que las obras no afectaran su propiedad. Rodas junto a su esposa decidieron contratar un especialista en derecho constitucional para interponer el amparo y cuyo proceso les ha costado más de siete mil dólares. Con una bolsa llena de carpetas que certifican el proceso que ha significado tramitar y conseguir el amparo, afirma que él no es “el señor que se opone al tranvía y que tampoco es el culpable de que las obras se hayan atrasado”.
Hasta el domingo 13 de octubre, fecha de la entrega de los trabajos, 360 metros en el sector de Milchichig faltaban para que se termine la obra civil del Proyecto Tranvía.
“Yo no vivo del tranvía, solo quiero trabajar y que respeten mi propiedad”, repite Jimy Rodas mientras recorre su predio. La pared frontal del subterráneo de su inmueble fue derribada hace más de tres semanas, acción prevista y que estaba dentro de lo legal. Lo que no tenía previsto fue que una de las paredes del edificio se humedeciera, que el piso de dos bodegas presenten leves hundimientos “por la filtración de agua que apareció desde que las obras del tranvía comenzaron”. Teme que los muros por donde pasa la línea de fábrica de su propiedad se vean afectados y como consecuencia todo el edificio se destruya, que el piso del subterráneo quede inservible o que nuevamente ingresen delincuentes. Teme perder su predio por una hipoteca que le obliga a tenerla en buenas condiciones. Teme que su patrimonio se venga abajo y ante ese temor se defiende: interpuso la acción judicial porque «ventajosamente» obtuvo dinero extra para poder “plantarse” y exigir condiciones al Municipio. “Privilegio que no han tenido todos los frentistas”, asegura.
– Con todos estos inconvenientes, ¿qué ha significado la construcción del tranvía para usted?
– Gastos, problemas, pérdidas…
