Hace tres años se destapó uno de los casos más graves de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Cuenca, una conservadora ciudad del Ecuador. Este es un recuento del extenuante camino de las víctimas y sus madres en la búsqueda de justicia.

Inverosímil. Es la palabra que Cristina* tenía atravesada en la mente desde el 7 de junio del 2021, cuando el tribunal de garantías penales de la provincia del Azuay declaró inocente a Juan Andrés Vintimilla Vega, alias “El Mangajo”, en el juicio por violación de su hija Martina*. Madre e hija esperaban desde 2018 que El Mangajo fuera sentenciado por supuestamente violar, amenazar y, según Martina, vender su virginidad por tres mil dólares. Sin embargo, el tribunal, por voto de mayoría, confirmó el estado de inocencia del Mangajo. Era la primera vez que Vintimilla, un cuencano de 36 años, recibía una sentencia absolutoria. 

La Fiscalía General del Estado apeló la sentencia asegurando que el tribunal no valoró adecuadamente el testimonio anticipado de Martina, una prueba fundamental dentro del caso. El 1 de septiembre de este año, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay aceptó la apelación y sentenció a El Mangajo a 29 años y cuatro meses de privación de la libertad por la violación a una adolescente. 

El Mangajo tiene seis condenas: cuatro por violación, una por pornografía infantil y otro por distribución de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes. Por estas sentencias deberá pasar 40 años en prisión. Además, tiene 10 denuncias en su contra y enfrenta en total seis procesos penales. 

La primera denuncia contra Vintimilla Vega se presentó en la Fiscalía en 2009, pero recién después de nueve años, el 26 de julio de 2018, él fue capturado. Ese mismo día allanaron su casa, y en su celular y computadora encontraron pornografía con niños, niñas y adolescentes almacenada desde el 2015. 

A estas pruebas, se han sumado cientos de documentos, videos, fotografías y testimonios que permiten a las madres de las víctimas y su vocera, Fernanda Ramírez, afirmar que no actuaba solo, que existe una red trata de menores detrás de él que opera en todo el Ecuador. También es la única respuesta que encuentran al tratar de entender cómo pudo actuar durante tantos años en Cuenca, una ciudad en la que parecería que todos se conocen y también en la que muchos callan. 

El Mangajo cumple su condena en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, a la que fue trasladado el 20 de marzo de 2019 por razones de seguridad, según un documento firmado por Polivio Ludeña, director de la cárcel de Turi de Cuenca, en donde no se especifican las razones. 

Este es el más completo recuento de los casos por los que Vintimilla es señalado e investigado.

Elizabeth

“Si yo estoy aquí, es porque le prometí a mi hija que esto no se iba a quedar así”, le dijo Elizabeth* al medio digital Prensa Virtual en agosto de 2018. No se le veía todo el rostro, la cámara apuntaba directo a sus labios, su voz sonaba temblorosa. Elizabeth rompió el silencio en Cuenca, una ciudad conservadora del sur de Ecuador, y con su testimonio logró que se abriera una primera investigación que resultó en la captura de Vintimilla Vega, un hombre que se hacía llamar El Mangajo y que, según determinaron varias investigaciones judiciales, llevaba al menos tres años abusando de menores de edad, entre ellas, Carmen, la hija de Elizabeth.

Elizabeth dando una rueda de prensa en la oficina de su abogada Fotografía de Santiago Ortiz.

Un mes antes, Elizabeth notó que Carmen, de 15 años, estaba diferente, deprimida, pasaba más en su cuarto, hablaba menos. No sabía qué le sucedía hasta que un domingo por la noche, su hija le contó todo: Vintimilla la había drogado, violado y grabado en video en el departamento de él, adonde ella llegó invitada por una de sus amigas. “Le invitó a mi hija por Facebook diciéndole que iban a pasear con unos amigos que ella creía que eran de su edad”, dice Elizabeth. Cuando Carmen se dio cuenta de que no era cierto, sino que solo estaban ella y su amiga, ya era tarde: El Mangajo le había dado una bebida con pétalos de rosas (un detalle que se repite en el testimonio de al menos tres víctimas más), perdió el conocimiento casi por completo.

Entre los vacíos de las lagunas mentales, la adolescente se recordaba implorándole entre lágrimas al Mangajo que la dejara ir. Ese día Vintimilla abusó sexualmente de Carmen y de su amiga. “Mi hija vistió a su amiga y le sacó de ahí”, dice Elizabeth que su hija le contó. 

Cuando pusieron la denuncia, nunca pensaron que aparecerían más casos en contra de Vintimilla. Leonardo Morales, el primer abogado de la hija de Elizabeth, dice que ya existía una denuncia previa contra él, en 2009.

La presunta víctima en aquel entonces tenía 13 años. Ahora, ya mayor de edad, nunca quiso que su caso se hiciera público. “Es un tema de sociedad”, dice Morales, quien cree que El Mangajo cayó porque abusó a una niña de clase media, a cuya madre no le importaba el qué dirán con tal de hacer justicia. Según Morales, él venía abusando de niñas de clase “acomodada” de la ciudad durante más de 10 años, un círculo en el que suelen hacerse de oídos sordos para no “manchar” los apellidos. “A Elizabeth le importaba un carajo quién sea el tipo, millonario, hijito de tal, amiguito de tal. Ella denunció, hizo pública las cosas”, dice Morales. 

 

 

En mayo de 2018 empezó la investigación de la Fiscalía. A la par, Elizabeth comenzó la suya. Ella revisaba las redes sociales del Mangajo, veía quiénes eran sus amigos, a quiénes etiquetaba o quienes comentaban sus publicaciones. Además su hija Carmen se enteró de que Vintimilla había invitado a salir a otra adolescente de 16 años. Inmediatamente avisó a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), les dijo la hora y el lugar, y fue ahí en donde lo detuvieron el 26 de julio de 2018. Para ese momento, según el abogado Morales, ya había testimonios de seis niñas de entre 13 y 16 años, ellas lo habían contactado pero aún no querían que sus casos fueran públicos. Además de las versiones de las menores de edad, como la Fiscalía ya lo estaba rastreando, se enteraron de que El Mangajo tenía intenciones de salir del país, lo que fue determinante para que lo detuvieran.

La adolescente con la que se iba a encontrar ese día tenía 16 años, y Vintimilla la había invitado a pasar un fin de semana con él. “Imagínese lo que le hubiera pasado a esa niña”, dice Elizabeth. Ella recuerda el momento de la detención como una película o como un sueño. Ya sabían la hora y el lugar a la que él iba a encontrarse con la joven: el Parque de la Madre, en el centro de Cuenca. 

El caso de Carmen fue el primero que obtuvo una sentencia en 2019. No fue fácil, dice, porque sintió que la Fiscalía tenía más intenciones de proteger al Mangajo que a su hija. Para ella fue indispensable haber contado con el trabajo de la fiscal Valerie Rojas, quien realizó todas las diligencias necesarias. Solo en el caso de Carmen se presentaron 108 pruebas entre documentos, videos, fotografías y testimonios. 

La fiscal Rojas presentó evidencia del celular de Vintimilla, luego de solicitar un perito de Quito de manera urgente, porque en Cuenca no hay suficientes. El fiscal provincial Leonardo Amoroso dice que en el Azuay el Departamento de Criminalística no cuenta con todos los peritos en las diferentes áreas porque dependen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Pero esa era la prueba estelar: “En el celular se vio todo, se comprobó que lo que mi hija decía era verdad, estaba ahí tal cual como mi hija lo describió”, afirma Elizabeth. Encontraron videos y fotografías de su hija, pero también material pornográfico de niños y niñas que tenía almacenado desde el 2015. 

En septiembre del 2019, mientras Vintimilla cumplía prisión preventiva, hubo un extraño movimiento en la Fiscalía Provincial del Azuay, de la que es capital Cuenca. La madre de El Mangajo apareció en un video en la cuenta de Instagram del Mangajo, no está claro cómo accedió a ella. 

 

En el video se refería al supuesto traslado de la fiscal Rojas a Ponce Enríquez, un pequeño cantón minero del Azuay que se encuentra más o menos a tres horas de Cuenca. “Pobrecita, (…) ojalá no le pase nada, una mujer tan recta, tan trabajadora que levantó polvo y ceniza aquí en Cuenca a través de la figura del Mangajo, es una cosa terrible lo que le ha pasado, pobre mujer”, dice  la madre de Vintimilla —el pelo corto y rubio, sentada en la sala de su casa— con tono irónico. Después de la circulación del video, la Fiscalía publicó un comunicado que decía que “no han tenido conocimiento de dicho acto administrativo” refiriéndose al traslado de Rojas. Esa misma semana, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, llegó hasta Cuenca para  intervenir y decidió que la fiscal Rojas se mantuviera en el caso.

 

 

Elizabeth dice que en las audiencias, la señora Vega negó las acusaciones sobre su hijo y lo defendió, afirmando que era un muchacho honorable. Sin embargo, en las pericias se demuestra que ella estaba al tanto de lo que hacía, dice el abogado Morales. Elizabeth dice que existían mensajes de audio que ella enviaba a su hijo diciéndole “ya déjate de eso, verás lo que te va a pasar”. 

 

Martina

Martina tenía 16 años cuando conoció, por Facebook, al Mangajo, en mayo de 2018. El hombre usaba un perfil falso, bajo el nombre ficticio de Andrés Reyness. Él le decía que era linda, que parecía modelo, y que él podría hacer que se convirtiera en Reina de Cuenca, una ciudad de callecitas empedradas y cuatro ríos. 

El perfil estaba lleno de fotografías ajenas, una identidad inventada, algo que Martina no sabría hasta el día en que se citaron en un centro comercial llamado Milenium Plaza, un punto de encuentro para los adolescentes locales. “Ahí se da cuenta que no era el jovencito guapo que aparece en la foto, sino que era un viejo, calvo, gordo”, dice la abogada Alexandra Arízaga, que actualmente patrocina a cinco víctimas del Mangajo, entre ellas Martina.

Martina se asustó cuando vio a Juan Andrés Vintimilla, pero él le mostró un arma y, bajo amenazas, la llevó a su casa, la drogó con una bebida que contenía pétalos de rosas y la violó por primera vez. Los encuentros duraron un mes, y se fueron agravando: el Mangajo le dijo que mataría a su familia o la mataría a ella si hablaba con alguien. Él le enviaba fotografías de su pistola y amenazas de muerte escritas por chat, según la mamá, la vocera de las víctimas, y la abogada. 

Acceder, acosar y abusar de niños, niñas y adolescentes, mediante redes sociales, simulando ser de menor edad y usando para ello perfiles falsos, es un delito que se denomina grooming. Según la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional (UIDT), el grooming incluye delitos como acoso sexual, violación, extorsión, envío de mensajes eróticos o sexting y pornografía.

Un mes después del primer encuentro en el que Vintimilla abusó de Martina, la Fiscalía —que en ese entonces investigaba la presunta violación de Carmen— contactó a Cristina*, la madre de Martina*, para ponerla al tanto de  la violencia sexual que sufría su hija. Al revisar los chats de Vintimilla, la Fiscalía encontró evidencia del presunto delito en contra de Martina. 

Su madre, Cristina, que al comienzo no podía creerlo, no tardó en poner una denuncia porque temía que si no lo hacía, la justicia no iba a considerar el caso de su hija en la otra investigación. Luego Cristina se enteraría que Vintimilla Vega, el Mangajo, vendió la virginidad de su hija por 3 mil dólares, después la violó e intentó llevarla hasta Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, para prostituirla. 

Entre 2018 y 2020, el caso de Martina pasó por cuatro fiscales. La primera fue Paola Molina. La segunda, Viviana Cordero, quien, según la abogada Arízaga que patrocina a las víctimas, no hizo mucho para que la investigación avance.

Cristina dice que sintió que la fiscal Molina no avanzaba en el caso y por eso presentó una carta abierta a la Fiscalía en diciembre de 2018 en la que manifestaba que Molina llevaba cuatro meses en el caso y no actuaba con diligencia. También acudió a medios de comunicación e hizo público en redes sociales su denuncia contra la fiscal. 

Luego de eso, Molina fue removida del caso y de la Unidad de Género en febrero de 2019 y le abrieron un sumario administrativo por la denuncia de Cristina. Sin embargo, en julio de ese año, un informe del Consejo de la Judicatura determinó que luego de revisar el expediente de los cinco meses en los que Molina llevó el caso, “las diligencias descritas en la investigación eran acordes al tipo penal denunciado”.

 

A la hija de Cristina, le hicieron la evaluación psicológica seis meses después de poner la denuncia; la pericia duró tres días. En ese entonces Paola Molina ya no era la fiscal del caso. Cristina dice que la primera vez que la psicóloga escuchó a su hija Martina, se conmovió tanto que incluso lloró, pero que en las siguientes sesiones cambió su actitud, era un tanto fría y cuando llegó el informe, Cristina no podía creer lo que leía. “Decía que mi hija está celosa, le trataron como loca”, dice y cree que el informe pretendía demostrar que su hija estaba enamorada de Vintimilla y que todo lo hacía por celos. Tuvieron que pedir una evaluación con otro perito psicólogo, lo que implicaba para Martina una revictimización: contar una vez más lo que había vivido. 

Martina se sentía frustrada y siempre se preguntaba por qué a ella no le creían, por qué su caso no avanzaba. Martina ha tenido que contar una y otra vez su versión a abogados, psicólogos, fiscales, peritos y también a los medios de comunicación. 

La tercera fiscal, después de Paola Molina y Viviana Cordero, fue Alejandra Ledesma, quien avanzó más. Con Ledesma se logró que Martina diera su versión anticipada ante un juez y de esta manera no volviera a recordar lo que pasó una y otra vez ante fiscales y peritos, y abrió el celular de Martina y solicitó la información del celular de Vintimilla a la fiscal Valery Rojas, quien llevó el caso de Carmen. Ledesma aún trabaja en el caso con la cuarta y actual fiscal: María José Flores.

Pero para llegar a ese punto, el camino fue escabroso. Cristina dice que luego de poner la denuncia en junio de 2018, empezó una doble lucha para ella y otras mamás: por un lado han tenido que luchar contra El Mangajo y los demás presuntos involucrados y, por otro, contra la dilatación y negligencia de la Fiscalía que “no sólo ha revictimizado a las niñas sino que también ha puesto en duda sus testimonios”, dice la madre de Martina.  

La abogada Arízaga dice que en 2019 tuvieron que solicitar por escrito al menos 10 veces para que se abrieran los teléfonos de Martina y del Mangajo. Para ese entonces, febrero de 2019, la fiscal Molina respondió con un oficio diciendo que era “necesario que la solicitante indique la pertinencia” de la diligencia. La fiscal dijo, además, que se debía “recordar que el juez de garantías penales está llamado a garantizar los derechos de las partes, por ello cualquier solicitud que limite un derecho o garantía constitucional debe estar fundamentada jurídicamente”. 

La exfiscal, más de un año después, defiende su respuesta: “yo para aperturar ese celular necesito una autorización judicial, yo no dispongo. Debo fundamentar en derecho. Yo tengo que ser muy específica porque el juez me puede negar la petición”, dice Molina, sentada en su oficina llena de carpetas y ficheros, en los que aún guarda los documentos del caso de Martina que llevó durante 6 meses.

El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, prefiere no referirse a la apertura de celulares para no “herir susceptibilidades”. Afirma que no solamente se demoró por la falta de un perito, sino también “porque siempre las diligencias que se señalaban se estaban posponiendo por ciertas circunstancias, en muchos de los casos no se aperturaban los teléfonos porque no había la disposición de ciertas personas que eran necesarias para que se aperturara ese teléfono. Por lo delicado no quisiera referirme a esa situación”, dice Amoroso. El fiscal provincial menciona la falta de perito pero también insinúa otras “eventualidades”; la mamá de Martina y la vocera señalan que era negligencia de la fiscal, mientras que la fiscal acepta que pidió que la abogada justifique la pertinencia de esta petición.

 

Solo un año después de la detención de Vintimilla Vega, cuando la fiscal Ledesma ya estaba a cargo del caso, el teléfono de Martina fue analizado. Pero la mayor parte de las pruebas se habían perdido. Arízaga dice que esto sucede porque los celulares se ponen en modo avión y al estar más de un año en cadena de custodia, y sin actualizar las aplicaciones, todo los mensajes y fotografías enviadas a través de las aplicaciones, desaparecen.

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La abogada que patrocina el caso —y representa a cinco presuntas víctimas— trabajó en un perfil criminalístico de El Mangajo que determina que él es un tipo supremamente manipulador, un experto en el manejo de las redes sociales y una persona que no improvisa nada. Sabía cómo atacar y usaba diferentes máscaras para hacerlo. 

 Tenía varias estrategias para acercarse a las menores de edad, pero las más comunes eran a través de perfiles falsos en las redes sociales y creando redes entre las menores de edad: manipulaba a las niñas para que le presentaran a sus amigas. 

Las menores planificaban salidas, creaban grupos de WhatsApp para presentar a su amigo “el Juandi”. Él interactuaba, enviaba fotos falsas haciéndose pasar como un adolescente de 15 años, fotos de sus supuestos carros, yates, regalos ostentosos, dinero. Imágenes que aparentaban una vida de lujo. 

Imágenes que El Mangajo publicaba en sus redes sociales. La primera aparece con dos adolescentes, la segunda en el garaje del colegio católico Rosa de Jesús Cordero, Catalinas en Cuenca, y la tercera con fotografías de mujeres semidesnudas.

Cuando se ganaba la confianza de las menores y ellas accedían a salir, El Mangajo evitaba presentarse por primera vez en espacios en donde no podía tener el control. Elizabeth y el abogado Leonardo Morales dicen que generalmente utilizaba a las menores que estaban siendo manipuladas para que recogieran a las nuevas víctimas. Una vez que las menores estaban entre el grupo de amigos, en su carro o en su casa se encontraban a un tipo mayor vestido como adolescente y sin opción a escapar. 

Juana

“Yo me enteré (de que mi hija también había sido violada) dos días antes de que lo metan preso, por un video que estaba circulando en el colegio y que mi hija mayor me mostró”, cuenta Patricia*, la mamá de Juana, otra de las víctimas. En ese video, dice Patricia, aparecía su hija menor, Juana. 

Se la notaba mareada, como adormecida, y se escuchaba la voz de un adulto diciéndole que se bajara los pantalones. En ese entonces Juana estaba a dos días de cumplir 14 años. Ella también conoció al Mangajo con otro nombre, por redes sociales y también pensó que era un adolescente.

Luego de ver ese video, Patricia puso la denuncia en la Fiscalía, y la fiscal designada en este caso también fue Paola Molina, y durante el proceso legal cuando estaba por reformular cargos, pasó algo que hasta ahora no tiene una respuesta clara. Cuando Patricia puso la denuncia, su hija Juana* testificó diciendo que fue violada el 17 de abril cuando aún tenía 13 años. 

Sin embargo cuando la fiscal accedió a las pruebas, el video que circuló por WhatsApp en el que aparecía Juana mareada, tenía fecha 19 de abril, es decir el día que cumplió 14 años. “Entonces tuve que reformular cargos para que luego no se caiga el caso, y no digan que la niña no tenía 13 años”, dice la fiscal Molina. Es decir para que no exista una imprecisión ante el juez. Esta diferencia de edad es clave porque en el Ecuador, según el Código Orgánico Integral Penal, cualquier acceso carnal a una menor de 14 años es inmediatamente un delito de violación. 

El 13 de marzo, un día después de que Paola Molina pidiera la reformulación de cargos en este caso, apareció en una página de Facebook llamada Proyecto Hermandad contra la Violencia, la foto de una boleta que notificaba la suspensión de prisión preventiva de alias Mangajo —quien cumplía esta medida en el caso de Elizabeth— y su excarcelación. 

Esta boleta había sido emitida supuestamente desde Quito, pero al día siguiente la Fiscalía determinó que era un documento falsificado. Desde la página de Facebook, administrada por Vanessa Freire, una de las primeras voceras del caso, pidieron disculpas por difundir información falsa. A Freire le había llegado el rumor de que Molina haría una reformulación de cargos por un delito menor y no violación. El 22 de marzo, la fiscal Paola Molina informó al fiscal provincial de ese entonces, Marcos Enrique Flores sobre la boleta falsa y sobre el rumor del cambio de delito. 

En ese documento firmado por Molina dice:

La señora Vannessa Freire junto con la Ab. Gabriela Weisskopf se acercaron a la Fiscalía y conversaron sobre el tema en presencia de varias compañeras de la Unidad, exhibiéndonos la boleta con la información difundida, la cual a claras luces se identifica como falsa pues posee una serie de errores e imprecisiones dentro de un expediente que no existe, y la suscribe una compañera secretaria de una de las Fiscalías de Pichincha, al preguntarles sobre el origen de la misma manifestaron que fue enviada vía Whatsapp al teléfono de la abogada (es decir Alexandra Arízaga), quien dijo que dentro de la investigación entregaría voluntariamente su teléfono para que se realice la comprobación respectiva, así mismo Vanessa Freire indicó que ella también haría lo propio puesto que recibió una llamada de una persona a quien identifica claramente quién le indicó que se cambiaría la medida y que quedaría en libertad, inclusive se habrían pronunciado que esta decisión de reformular cargos tendría como fin beneficiar al ciudadano Juan Andrés Vintimilla Vega.

Hasta hoy no se sabe quién y por qué falsificó esta boleta. El fiscal provincial Amoroso dice que hay una investigación para determinar su origen, y que el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal le prohíbe dar más detalles respecto a las investigaciones. 

 

El caso de Juana, la hija de Patricia, ya tiene sentencia: veintinueve años y cuatro meses por el delito de violación. Además, se ordenó a El Mangajo el pago de 5 mil dólares como reparación integral a la víctima. La sentencia aún no está ejecutoriada porque la defensa de Vintimilla presentó un recurso de casación.

 

Nina

En 2008, cuando Nina* tenía 14 años, conoció al Mangajo que en ese entonces tenía 22. Los presentó una amiga suya, pariente de Vintimilla, y también tenían amigos en común. Nina recuerda que él siempre fue muy amable. Dice que ella y su amiga pensaron que era gay porque un día jugaron a maquillarle. Eran muy amigos, él le daba consejos, la cuidaba como a una hermana menor. 

El Mangajo siempre le decía a Nina que tenía una novia de Quito, que se llamaba Luciana Borja. Un día de 2008 se la presentó a través de mensajes de MSN y Hi5, las redes sociales que se usaban en esa época. Nina comenzó a chatear con Luciana, pero nunca la conoció físicamente. El Mangajo supuestamente terminó esa relación y tuvo otra novia, esta vez de Guayaquil, del colegio Delta, según él, su nombre era Irene Moreno White. Pasó lo mismo: la presentó por chat a Nina, y comenzaron a intercambiar mensajes por redes sociales. 

Pero esta vez Nina y su amiga notaron que el Mangajo y su nueva novia escribían de la misma manera. “Él solía escribir con mayúsculas y minúsculas intercaladas, tenía las mismas expresiones”, dice Nina. Empezaron a sospechar y las dudas aumentaron cuando él decía que su novia estaba en Cuenca pero no podían conocerla porque a ella solo la dejaban salir con él.  

Además Nina recuerda que el Mangajo hablaba de su mejor amigo, José, a quien también conoció de manera virtual y con quien también conversaba. Pero cuando Nina lo vio en la calle, él no le respondió el saludo. Cuando revisó los mensajes que mantenía con José, se dio cuenta que también escribía igual que el Mangajo: con mayúsculas y minúsculas intercaladas.

Todo eso ya le parecía raro a Nina, pero dice que decidió alejarse cuando su mamá coincidió con la madre del Mangajo, Dora Vega, en una peluquería. “Una vez mi mami sí me dijo que le parecía que mi amigo —o sea el Mangajo— era un poco mayor, pero como él entraba a mi casa, les conocía a mis papás y se portaba bien, se quedó tranquila. Pero esa vez le escuchó decir (a la señora) que su hijo tiene una doble vida, que está casado y tiene dos hijos y que a su esposa le tiene raptada, que no le deja tener redes sociales, ni salir”.  

Por ese año, 2009, Facebook comenzaba a popularizarse en el país, y Nina decidió buscar a Luciana e Irene —las dos supuestas exnovias de Juan Andrés Vintimilla— en la red social. Las encontró y todos los nombres eran reales y parecían perfiles auténticos, pero nadie había chateado antes con Nina. 

El Mangajo había usado su identidad y robado sus fotos; Nina lo supo porque le escribió a Irene Moreno White, una joven de Colombia, para contarle que habían suplantado su identidad. Ella respondió sorprendida. Unas semanas en el muro del Facebook de Irene aparecieron publicaciones inusuales como: “oi amaneci + puta ke de costumbre”.

Días después de que Nina le escribiera a ella, El Mangajo la llamó para decirle que dejara de meterse en la vida de él. Nina cree que fue en esa época en la que Vintimilla empezó a formar su modus operandi vía redes sociales. En todas las pericias realizadas por la Fiscalía se han encontrado al menos cinco perfiles falsos que usaba el Mangajo para llegar a las adolescentes. 

 

Según el abogado Morales, Vintimilla también manipulaba las placas de su vehículo y usaba tarjetas SIM con números de teléfono provenientes de Inglaterra para no ser rastreado. Es un hombre que maquinaba para no dejar rastro y que tenía una regla inquebrantable: sus víctimas debían ser menores de edad. La abogada Alexandra Arízaga, quien defiende a Martina, agrega otra característica a esta regla: niñas vulnerables y, generalmente, de hogares disfuncionales. “Sin una figura paterna y esto hace que se enraízan en él: ese es su modus operandi”. 

El Mangajo documentaba todo: guardaba las fotos de sus víctimas, tenía videos de ellas en su computadora y celular. Incluso en sus redes sociales publicó fotografías de menores de edad vestidas con los uniformes de su colegio, de ramos hechos de billetes de cien dólares, armas de fuego, licores, menores de edad paradas de espaldas contra la pared, a veces con su mano sobre en la parte baja de la espalda de ellas. 

 

Cristina dice que en una de las fotos que él le tomó a su hija, aparecía con cables de carga alrededor de su cuerpo. Él envió la fotografía diciendo: miren la electrocuté. Además, en 2017, escribió en sus redes sociales que había desvirginado a más de 37 mujeres.

También hacía públicas sus últimas violaciones mediante Ask fm, una aplicación que sirve para hacer y recibir preguntas desde el anonimato, estas preguntas y respuestas se pueden compartir en otras redes sociales como Facebook. La aplicación tiene cerca de 50 millones de usuarios. 

Ahí el Mangajo compartía respuestas a preguntas como “a quién desvirgó hoy”. Él respondía: no puedo decir pero tiene 15 años. 

La aplicación Ask fm tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. El Mangajo tenía una cuenta donde respondía preguntas de usuarios anónimos.

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Cristina, Elizabeth, Patricia y las demás mamás, han sido cuestionadas, desacreditadas y hasta culpabilizadas por una sociedad que prefiere apuntar el dedo a las víctimas, sin darse cuenta que es precisamente eso lo que permitió que un violador abusara de tantas niñas y operara durante varios años. 

Mujeres como Stephanie Altamirano, sobreviviente de violencia sexual, dicen que los procesos que las sobrevivientes pasan son difíciles porque los efectos de la violencia sexual “invaden todo, invaden el sentido de la identidad, las relaciones íntimas, la sexualidad, las relaciones con la familia y los amigos, la vida laboral, el cuerpo y, muchas veces, hasta la cordura misma”. Para Altamirano lo que más sirve es que les digan que les creen: “yo te creo, creo en lo que me estás diciendo. No debemos comprobar que estamos diciendo la verdad”. 

María Isabel Cordero, experta en género que trabaja por los derechos de las mujeres en la fundación Sendas, dice que culturalmente los delitos sexuales se han ocultado, no sólo en la ciudad de Cuenca, sino en todo el país. “Históricamente se ha silenciado el abuso sexual, si nos ponemos a pensar en retrospectiva, los últimos 10 años se ha ido develando, y es porque no hay una cultura de reconocer los delitos sexuales como tales. Históricamente se ha pensado que las mujeres se prestan para esas cosas”, asegura.

La primera vez que Elizabeth vio uno de los videos y fotografías —que eran parte del peritaje— de su hija y otras víctimas, llegó a su casa por la noche, metió a sus hijos en la cama y los abrazó. Nunca se imaginó la monstruosidad con la que se iba a topar: más allá de las violaciones, vio imágenes de otras menores de edad que apenas podían pronunciar palabras debido a las drogas que el Mangajo les hacía tomar. 

Un plantón para exigir agilidad en el caso del Mangajo en las afueras del Complejo Judicial de Cuenca.

Las mamás de al menos cinco víctimas formaron un grupo de lucha. Los papás son menos visibles, en algunos casos parecen inexistentes. “Por el machismo, es muy duro para un hombre, para ellos decir ‘mi hija fue violada’”, dice Cristina.

Luego de los abusos, las niñas y adolescentes presentaron depresiones severas. La hija de Elizabeth tenía pesadillas, se levantaba llorando, tuvo intentos de suicidio, tenía la necesidad de cambiar de ciudad o por lo menos de cambiar de casa. “Nosotras tenemos que tratar de reconstruir a la familia, porque por el hecho de estar detrás de Fiscalía, descuidamos a los otros (…) nuestras hijas, mi hija tenía sueños, amigos”, dice Elizabeth. 

Lo mismo pasó con Martina, tuvo varios intentos de suicidio, estuvo internada en el hospital durante algunos meses, no quería comer, le afectó mucho el hecho de que no le crean, tenía anorexia y últimamente le detectaron un tumor en el cerebro.

La hija de Patricia  tenía  ataques de llanto, no quería ir al colegio, para ella “es un daño que nunca se va a arreglar”.

Para Cristina, es muy difícil aceptar el antes y el después: “el hecho de que fueron violadas, y el después tratar de levantar a nuestras hijas, a nuestra familia porque esto es un problema familiar, nuestras familias están hechas pedazos, y eso es algo que quizás nadie vea. Nadie sabe y nadie se preocupa, es una lucha diaria”. 

Amigos y familiares de víctimas de violencia sexual de Vintimilla protestan en las afueras del Complejo Judicial de Cuenca.

Las mamás se definen como valientes, y lo son. “Pocas somos las valientes que estamos ahí que en algunos momentos nos desgastamos y queremos botar la toalla, pero así mismo el grupo de mamitas nos hemos apoyado, si una se desanima, la otra le levanta”, dice Elizabeth. Las mamás hacen plantones, vigilias, pancartas, ruedas de prensa y rifas para pagar peritajes.“Ellos quieren que todo se caiga, esto es de mucho tiempo atrás, hay muchas chicas que no quieren poner su denuncia, porque es algo bochornoso” dice Cristina, y quiere que las demás víctimas no tengan miedo: “sé que nos enfrentamos a algo muy grande, pero debemos acabar con eso”. 

La penúltima audiencia de Martina

El lunes 7 de junio de 2021, Martina estaba en la oficina de sus abogados. Su madre, Cristina, estaba sentada afuera, al otro lado de la puerta de esa oficina esperando a que terminara la audiencia que se transmitía por Zoom. Ahí escucharon la sentencia: alias Mangajo era declarado inocente. “Entré a Google y escribí inverosímil para confirmar su significado porque no entendía, no podía creer”. A dos de los tres jueces todo lo que Martina dijo les pareció inverosímil, incluso sus intentos de suicidio. “Nos quedamos en shock, mi hija no reaccionó por un rato, ahora está hecha pedazos”, dice Cristina.

Cristina estaba convencida de que ese día al fin acabaría todo y podría dedicarse, junto a su hija, a superar lo que vivieron. Pero no fue así. Al contrario, Cristina dice que el abogado del Mangajo, Gonzalo Realpe, luego de escuchar el dictamen empezó a decir que iría a los medios de comunicación y además pediría que se revisen los otros casos. “Imagínese lo que significa eso para mi hija, para las otras víctimas, es una burla”, afirma Cristina con rabia. 

Según el abogado Gonzalo Realpe, Vintimilla no cometió el delito de violación, sino estupro porque, según él, las chicas “consentían las relaciones sexuales, a cambio de dinero o regalos”. Realpe sostiene que El Mangajo es un chivo expiatorio para cubrir una red de pornografía en la que están involucrados empresarios de la ciudad y que la Fiscalía quiere aparentar que existe un violador en serie en la ciudad para no destapar esa red de pornografía. 

El tribunal que decidió que El Mangajo era inocente estuvo conformado por los jueces Luis Flores y César Pesantez, quienes con voto de mayoría absolvieron a Juan Andrés Vintimilla; Carmen Campoverde salvó su voto. 

La abogada de Martina y la Fiscalía apelaron la sentencia. Consideraron que no se juzgó correctamente el testimonio de Martina ni el perfil criminalístico de alias El Mangajo, y que también se omitieron los antecedentes de Vintimilla. El primero de septiembre la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay aceptó el recurso de apelación y sentenció a El Mangajo. En la audiencia de apelación intervinieron las fiscales Alejandra Ledesma y María José Flores, y se incorporaron los testimonios de Cristina y de una hermana de Martina, de los peritos que practicaron las valoraciones psicológicas, de trabajo social y médico-legal a la adolescente, así como de una psiquiatra que la entendió y testimonios de los agentes de la Policía. 

Para Martina y su familia, este proceso ha implicado vivir entre juicios, testimonios, valoraciones y audiencias. Cristina tiene recelo, piensa que en este país cualquier cosa puede pasar, está convencida que no se investigará la red de pornografía, abuso y trata que ella sostiene que existe. “El Mangajo está callado porque quienes están detrás de él pagan su silencio”, dice.

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Esta investigación tomó ocho meses de búsquedas, entrevistas, verificación, escritura y edición.